El DOJ demanda a CVS por suministrar cantidades "masivas" de drogas peligrosas sin los controles necesarios

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra CVS por suministrar cantidades "masivas" de drogas peligrosas sin los controles necesarios, poniendo los resultados por encima de la salud de los americanos.

De acuerdo con la agencia, desde 2013 hasta el presente, la cadena de farmacias más grande del país entregó "a sabiendas" drogas a cambio de recetas que carecían de "una finalidad médica legítima, no eran válidas y/o no se expidieron en el curso habitual de la práctica profesional".

El "gran número de recetas ilegales" incluía pedidos de cantidades "peligrosas" o "excesivas" y "anticipados" de opiáceos. Algunas de aquellas recetas habrían sido elaboradas por prescriptores que ejercían un "molino de pastillas": "Emiten un gran número de recetas de sustancias controladas sin ningún propósito médico". CVS, asegura el DOJ, era consciente de esto último.

Uno de ellos, luego arrestado, era el "principal prescriptor de opiáceos en Pensilvania" entre 2014 y 2016, según la demanda. En menos de cuatro años habría recetado más de 9,5 millones de unidades de oxicodona, hidrocodona, oxicontina y fentanilo. A pesar de numerosas alarmas, la cadena tardó cuatro años en bloquear a El Maníaco o el Hombre de los Caramelos, como le apodaba sus clientes, y lo hizo solamente después de que la DEA allanó sus oficinas.

La empresa habría ignorado numerosas advertencias, incluyendo las de sus propios farmacéuticos. Las violaciones habrían sido resultado directo de políticas empresariales que "daban prioridad a los beneficios empresariales frente a la seguridad de los pacientes".

Empleados ignorados y apremiados

Métricas de rendimiento, compensaciones y políticas de personal, todas habrían contribuido a presionar a los farmacéuticos para que procesaran las recetas lo más rápido posible, sin investigar las "banderas rojas" de algunos clientes a pesar de que por ley no se puede entregar drogas si hay sospecha de irregularidades. De este modo, habrían violado su papel como "guardianes" de las drogas peligrosas.

Un empleado, cuyas palabras fueras fueron recogidas en la demanda, incluso lo comparó con las de una "línea de ensamblaje: "Surgen problemas de seguridad cuando uno está tratando con medicamentos y lo apuran para cumplir pedidos como si estuviese en mcdonalds [sic]". 

"Estamos hablando de tomar menos de un minuto para decidir la exactitud, la seguridad, la interacción con otros medicamentos", declaró otro. "¿Cuántas cree que son las probabilidades de que no haya cometido errores en las recetas que he hecho hoy? De escasas a ninguna".

Contribuyendo a la crisis de opiáceos

"Las prácticas denunciadas contribuyeron a la crisis de los opiáceos y a las muertes relacionadas con ellos, y la denuncia de hoy pretende responsabilizar a CVS de su mala conducta", explicó Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del DOJ.

La agencia asegura que hubo casos en que los pacientes murieron de sobredosis de opiáceos poco después de comprarlos en CVS. 

Los Centros para la Prevención y Lucha contra las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sostienen que más de 700.000 personas murieron entre 1999 y 2022 por sobredosis de opiáceos, obtenidos bajo receta o ilegalmente.

Desde el DOJ, recuerdan que sigue siendo un problema hoy: "Las muertes por opioides siguen siendo un azote para las comunidades... privando a las familias de sus seres queridos y dejando un rastro de devastación a su paso".

Reparaciones

En algunos casos, además, CVS habría requerido reembolsos de las recetas fraudulentas a programas federales de asistencia sanitaria. Así, habría violado tanto la normativa que regula la entrega de sustancias controladas (Controlled Substances Act o CSA) como la ley contra la defraudación de programas federales (False Claims Act o FCA).

Como reparación, el DOJ busca que la corte obligue a CVS a modificar sus prácticas y a compensar económicamente los daños causados, incluyendo entre 5.500 y 23.607 dólares por cada solicitud falsa presentada a un programa federal del gobierno y la suma total de su "enriquecimiento ilícito", que deberá surgir durante el juicio.

CVS responde

En 2022, la empresa llegó a un acuerdo para resolver reclamaciones similares por parte de gobiernos estatales, locales y tribus nativas. Aunque no admitió culpabilidad, acordó pagar aproximadamente 5.000 millones de dólares a lo largo de una década.

En esta ocasión, por ahora, la empresa ha respondido solamente en un escueto comunicado recogido por Reuters: "Hemos cooperado con la investigación del Departamento de Justicia durante más de cuatro años y estamos en total desacuerdo con las acusaciones y la falsa narrativa de esta denuncia".

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