Letitia James y otros 11 fiscales generales estatales demandarán por el acceso de Elon Musk y DOGE a sistemas del Gobierno federal
Según estos fiscales, el Departamento de Eficiencia Gubernamental creado por la Administración Trump es “ilegal” y está obteniendo acceso a información y sistemas de pago sensibles.
La fiscal Letitia James, en una imagen de archivo
La fiscal general de Nueva York Letitia James anunció junto a otros 11 fiscales generales estatales que emprenderán una demanda por el acceso "ilegal" de Elon Musk y el ‘Departamento de Eficiencia Gubernamental’ (DOGE) a sistemas de pago gubernamentales.
“En la última semana, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha otorgado a Elon Musk acceso a información privada de los ciudadanos estadounidenses, datos de cuentas bancarias estatales y otra información que se encuentra entre los datos más sensibles de nuestro país”, dijeron los fiscales en un comunicado.
"En defensa de nuestra Constitución, nuestro derecho a la privacidad y la financiación esencial en la que confían individuos y comunidades en todo el país, presentaremos una demanda para detener esta injusticia", continuaron.
NEW: New York AG Letitia James says she & 11 state AGs are suing the Trump admin for giving Elon Musk access to private info: "The President does not have the power to give away our private information to anyone he chooses, and he cannot cut federal payments approved by Congress" pic.twitter.com/28DfUnygfN
— Roger Sollenberger (@SollenbergerRC) February 6, 2025
Según los procuradores, esta iniciativa de reducción de costos liderada por DOGE ha permitido que jóvenes asesores de Musk obtengan un acceso a los sistemas informáticos más fundamentales del Gobierno federal, una situación que ha provocado un gran terremoto en Washington, ya que los empleados exigen acceso a redes de información sensible.
“Como el hombre más rico del mundo, Elon Musk no está acostumbrado a que le digan 'no', pero en nuestro país, nadie está por encima de la ley. El presidente no tiene el poder de entregar nuestra información privada a quien él quiera, ni puede recortar pagos federales aprobados por el Congreso”, dijeron los fiscales.
Y añadieron: "Este nivel de acceso para personas no autorizadas es ilegal, sin precedentes e inaceptable. DOGE no tiene autoridad para acceder a esta información, que solicitaron explícitamente con el fin de bloquear pagos críticos de los que dependen millones de estadounidenses, incluidos fondos destinados a la atención médica, el cuidado infantil y otros programas esenciales”.
Para este proceso, James está siendo acompañada por los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, Rhode Island y Vermont.
La guerra de James contra Trump
Todos estos casos representan una nueva pugna legal entre James y el presidente Trump, quien el año pasado fue declarado responsable y condenado a pagar más de $450 millones de dólares por inflar y manipular el valor de su cartera inmobiliaria tras una demanda presentada por la propia James.
Ahora, James está en la mira de un nuevo grupo de trabajo llamado Weaponization Working Group, formado en el Departamento de Justicia y anunciado por la fiscal general Pam Bondi. Esta iniciativa se encargará de revisar las actividades de todos los organismos policiales-judiciales durante los últimos cuatro años para identificar casos de "justicia politizada".
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