La autoridad ferroviaria de San Francisco paga $7 millones a los trabajadores que despidió por no vacunarse del covid-19

En 2021, la compañía de Tránsito Rápido de la Bahía de San Francisco (BART) impuso una norma de vacunación obligatoria contra la covid-19 para todos sus empleados. Seis de ellos se negaron a recibir una dosis y por ese motivo fueron despedidos de la compañía de titularidad pública. Ahora, la Justicia obliga a BART a indemnizarles con más de 1 millón de dólares a cada uno.

Un jurado federal en el Tribunal del Distrito Norte de California dictaminó que los trabajadores que se negaron a recibir la vacuna por motivos religiosos tenían razón en su litigio contra la compañía de transportes. La orden de indemnización se hizo firme a finales de este mes. 

En total, BART está obligada a pagar 7,8 millones de dólares. La deliberación del jurado se prolongó durante ocho días antes de dar esta orden. En un momento los demandantes pedían el salario perdido hasta la fecha tras el despido. El jurado añadió entonces un millón de dólares a cada una de esas cifras. Algunos de los trabajadores despedidos llevan más de 30 años trabajando con la compañía de transporte. 

Para el Pacific Justice Institute, que representó a los demandantes en su batalla legal, "la sinceridad y profundidad" de las convicciones religiosas de los empleados, que llevó a sus despidos, fue uno de los pilares que les llevó a ganar el juicio contra la compañía de transportes regional.

BART alegó que algunos de los demandantes no se negaron a la vacuna por motivos religiosos, pero el jurado no atendió a estos argumentos.

El litigio entre los trabajadores y la compañía comenzó en el año 2021, después de lo más duro de la pandemia, cuando la cúpula de BART, gestionada por cargos electos locales, aprobó una norma de vacunación general para la plantilla.

Dicha norma contempla las exenciones por motivos religiosos. Sin embargo, cuando la compañía recibió 188 peticiones de exención de vacunación, la dirección se la negó a 40 empleados, a quienes se les obligó a vacunarse o a verse dados de baja de empleo. Esta decisión fue la que últimamente provocó el inicio de la batalla judicial.