Ruta del Darién: Estados Unidos y Panamá firman un acuerdo para repatriar a inmigrantes
En lo que va del año más de 200.000 personas, la gran mayoría venezolanos, han pasado la peligrosa selva para intentar llegar a territorio estadounidense.
Migrantes en el Darién
La Casa Blanca informó de que Estados Unidos y Panamá firmaron un acuerdo para repatriar a inmigrantes en situación irregular que transitan hacia el norte a través de la selva del Darién.
"Estados Unidos apoyará los esfuerzos de Panamá para iniciar la repatriación rápida, segura y humana de los migrantes que no tienen base legal para permanecer en Panamá. Al devolver a estas personas a su país de origen, contribuiremos a disuadir la migración irregular en la región y en nuestra frontera sur", dijo la Administración demócrata en un comunicado.
El anuncio coincide con la juramentación de José Raúl Mulino como nuevo presidente de Panamá. El mandatario prometió -durante su discurso de toma de posesión- que su país no servirá de tránsito para los inmigrantes a través de la selva del Darién.
Ya cuando ganó las elecciones enfatizó que tendría como prioridad su política migratoria. "Iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo apego a los derechos humanos de todas las personas que están allí", dijo Mulino durante un discurso en el acto en que la Junta Nacional de Escrutinio lo proclamó formalmente como presidente.
En 2023, medio millón de personas cruzaron esa peligrosa selva fronteriza con Colombia. AFP detalló que en lo que va del año, más de 200.000 personas, "la gran mayoría venezolanos han pasado por el inhóspito tapón del Darién, donde operan bandas criminales que secuestran, roban y violan a los migrantes. Muchos mueren en esta jungla".
Entre tanto, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han advertido que Colombia y Panamá no están protegiendo ni ayudando eficazmente a los cientos de miles de inmigrantes y solicitantes de asilo que transitan por la selva del Darién.
La organización identificó deficiencias en los esfuerzos de esos países latinoamericanos para proteger y ayudar a las personas –incluidas aquellas en mayor riesgo, como los niños no acompañados– así como para investigar los abusos contra ellos.
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