La Administración Biden no tiene intenciones de calificar como “terroristas domésticos” a los ciudadanos americanos que están acusados por lanzar “amenazas antisemitas violentas” en los Estados Unidos, así lo reveló el martes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Biden, John Kirby, durante la sesión informativa diaria de la Casa Blanca del martes.

“No sé si estamos clasificando a la gente como terroristas domésticos por eso. Quiero decir que esa es una cuestión que es mejor dejar en manos de las fuerzas del orden. No soy consciente de que haya habido tal caracterización”, afirmó Kirby.

Las amenazas antisemitas en los Estados Unidos crecieron exponencialmente el último mes luego de los ataques terroristas de Hamás contra Israel. Las universidades del país, como Cornell, fueron foco de amenazas explícitas contra la comunidad judía en los Estados Unidos.

La postura de la Casa Blanca contradice el historial del actual Gobierno demócrata, que ha sido duramente criticado por investigar a padres preocupados por la educación de sus hijos bajo acusaciones infundadas de terrorismo doméstico.

En septiembre de 2021, la Asociación Nacional de Consejos Escolares (NSBA) escribió una misiva enviada al fiscal general Merrick Garland para que tomara cartas en el asunto contra los padres que acudían a las reuniones de las juntas escolares para reclamar sobre los programas impartidos a sus hijos y otras quejas.

En la carta se leía que las acciones de algunos ciudadanos en las reuniones de las juntas, que podían volverse en algunos casos puntuales violentas o subidas de tono, constituían una amenaza de “terrorismo doméstico”. Garland ordenó a agencias del Gobierno como el FBI que investigaran a los padres.

La polémica carta fue firmada por el director general de la NSBA, Chip Slaven, y la presidente, Viola García.

Cuando se hicieron públicas, la carta y la orden de Garland generaron una fuerte indignación a nivel nacional que generó un pedido de disculpas automático de la junta directiva de la NSBA.

“Para ser claros, la seguridad de los miembros de la junta escolar, otros funcionarios de las escuelas públicas y los estudiantes es nuestra principal prioridad, y sigue habiendo un importante trabajo por hacer en este tema”, escribió la junta. “Sin embargo, no había justificación para parte del lenguaje incluido en la carta”.