Así Trump controla la caja del régimen de Delcy Rodríguez: Venezuela recibió más de $12.000 millones bajo supervisión de la Casa Blanca
El mecanismo funciona con una lógica sencilla: el dinero sigue siendo venezolano, pero el régimen interino que encabeza Delcy Rodríguez no puede tocarlo sin permiso de EEUU.
Marco Rubio en una imagen de archivo
Cada dólar que el régimen de Delcy Rodríguez obtuvo este año por la venta del petróleo venezolano tuvo que pasar primero por la supervisión Washington. Entre enero y septiembre, la Administración Trump autorizó la salida de más de $12.100 millones hacia Caracas, prácticamente la totalidad de lo que ingresó en las cuentas bajo su custodia, y supervisó desde quién podía recibir ese dinero hasta los números de serie de los billetes que llegaron en avión al país.
Los detalles surgen de un informe del Departamento de Estado elaborado con la supervisión de la consultora KPMG y publicado este jueves, según informaron The Wall Street Journal y el corresponsal en Washington del diario español ABC, David Alandete. Se trata de la primera rendición de cuentas detallada sobre el manejo de las finanzas venezolanas desde que fuerzas estadounidenses capturaron al exdictador Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.
El mecanismo funciona con una lógica sencilla: el dinero sigue siendo venezolano, pero el régimen interino que encabeza Delcy Rodríguez no puede tocarlo sin permiso de EEUU. Es decir, la famosa “tutela” que la Administración Trump impuso desde hace más de diez meses. El Banco Central de Venezuela presenta una solicitud en la que explica para qué necesita los fondos, el Departamento de Estado la revisa y aprueba, y el Tesoro ejecuta la transferencia. Un decreto que Trump firmó el 9 de enero blindó además esos recursos frente a los embargos de los numerosos acreedores que Venezuela acumuló durante el chavismo.
“El dinero sigue siendo venezolano; la decisión de liberarlo pasa por Estados Unidos”, resumió Alandete en su cuenta de X.
El sistema, no obstante, fue aceitándose con el paso del tiempo y tuvo un arranque improvisado. En enero, Venezuela tenía crudo almacenado que debía vender cuanto antes para no verse obligada a cerrar pozos por falta de espacio, pero la cuenta en territorio estadounidense todavía no estaba lista. La solución provisoria fue una cuenta del Banco Central venezolano en el Banco Nacional de Qatar, por la que pasaron unos $500 millones antes de que las críticas por falta de transparencia llevaran la operación a EEUU a finales de ese mes.
En total, las cuentas controladas por Washington recibieron unos $12.260 millones en nueve meses. Casi el 99% provino del petróleo y sus derivados, mientras que el oro aportó unos $108 millones, los fertilizantes cerca de $25 millones y otros minerales $22 millones. Los depósitos llegaron de 20 compradores distintos, aunque solo dos de ellos concentraron más del 60% del dinero. Sus nombres aparecen ocultos en la versión pública del documento.
La mayor parte de esos fondos tuvo un destino concreto, que fue abastecer de dólares a la economía venezolana. El Banco Central los volcó primero mediante subastas de divisas y, desde finales de marzo, a través de asignaciones electrónicas a los bancos comerciales, lo que permitió a empresas y particulares comprar dólares con bolívares para pagar importaciones o proteger sus ahorros.
Las empresas recibieron cerca de $9.370 millones y los particulares, unos $2.870 millones. Dentro del sector privado, el mayor volumen fue para la alimentación y los bienes de consumo, con unos $3.350 millones, seguido por los servicios empresariales, con $2.220 millones, y la agricultura, con $1.180 millones. Salud y productos farmacéuticos sumaron otros $530 millones, según el resumen publicado por Alandete.
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El control más minucioso recayó sobre el efectivo. Entre julio y septiembre llegaron a Venezuela cinco envíos aéreos por un total de unos $550 millones de dólares. Cada cargamento siguió un protocolo de nueve etapas, en el que las bolsas debían coincidir con el manifiesto de carga y sus precintos numerados, los billetes se contaban con doble firma y sus números de serie quedaban registrados en las bóvedas del Banco Central. Aun con el dinero dentro del país, ningún dólar podía circular sin que el Departamento de Estado y KPMG revisaran antes a sus destinatarios.
El régimen venezolano también tuvo que pagar por la supervisión que le impuso Washington. KPMG cobró unos $18 millones de dólares por su trabajo, según detalló Alandete, y el informe registra otros gastos asociados al sistema, como pagos a empresas vinculadas al traslado del efectivo. Entre los desembolsos directos a proveedores figuran medicamentos, insumos para diálisis, turbinas para una planta eléctrica en el Zulia y cinco millones de dólares para el bufete estadounidense Greenberg Traurig por servicios legales.
Las cifras contrastan en cierta medida con el discurso del propio Trump, quien ha repetido en varias ocasiones que EEUU obtiene ganancias con el petróleo venezolano y que la intervención militar ya se pagó “muchas, muchas veces”.
El informe no registra ninguna comisión de gestión a favor del Tesoro estadounidense. Al cierre de septiembre quedaban unos $168 millones de dólares bajo custodia, pendientes de ser enviados a Caracas.
El esquema, además, generó fricciones dentro del propio chavismo. Según el WSJ, figuras fieles al régimen acusan a Rodríguez de haber entregado la soberanía del país a cambio de mantenerse en el poder. Entre ellas está Mario Silva, uno de los antiguos propagandistas más visibles del régimen, quien rompió filas este año y denunció que Venezuela ya no controla ni sus recursos ni el dinero que entra por ellos.
Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio defendió el control como una herramienta para evitar la corrupción que hundió a la industria petrolera venezolana y para encauzar la recuperación económica del país. La mayoría de los indicadores acompañan ese argumento. La inflación interanual se ubicó en octubre en el 375%, todavía una de las más altas del mundo, aunque por debajo del 475% registrado en 2025. La consultora caraqueña Ecoanalítica proyecta que podría bajar al 67% el próximo año, con un crecimiento económico cercano al 14% impulsado por la reactivación petrolera.
El documento llega después de meses de presión desde el Capitolio. El Departamento de Estado había prometido auditorías trimestrales en abril, y en septiembre los demócratas Joaquín Castro, Gregory Meeks y Ami Bera seguían reclamando los resultados. Lo que recibieron finalmente es un informe de operaciones que no incluye un dictamen independiente sobre el destino final de cada dólar, y el propio texto reconoce que parte de los controles se hizo por muestreo y que KPMG se sumó en abril, tres meses después de que el dinero empezara a moverse.
Los demócratas ya anticiparon que usarán la mayoría que asumirán en enero en el Congreso para exigir más transparencia sobre el manejo de los fondos venezolanos y los contratos energéticos que la Administración Trump autoriza en el marco de su alianza con el régimen interino.
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