La administración Trump acude a la Corte Suprema para reactivar la deportación de inmigrantes a terceros países
La administración aguarda una medida cautelar que le permita reanudar el programa de remociones mientras se resuelve el fondo de la controversia.
El 20 de agosto de 2026, personal y funcionarios del aeropuerto recibieron un avión con migrantes deportados de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional Roberts de Harbel, en Liberia.
El Departamento de Justicia presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema con el fin de restaurar la política que permite deportar a ciertos inmigrantes en situación irregular a terceros países distintos de su lugar de origen, luego de que un tribunal inferior pausara la medida al considerar que vulnera el debido proceso.
La petición del Gobierno busca suspender un fallo dictado en febrero de 2026 por un juez federal de distrito en Boston y respaldado por una corte de apelaciones, el cual exige a las autoridades de migración notificar con antelación a los indocumentados y otorgarles la oportunidad de impugnar legalmente su traslado antes de enviarlos a una tercera nación.
Impacto en la seguridad y en los acuerdos diplomáticos
El procurador general, D. John Sauer, enfatizó en la apelación que esta política ha permitido la expulsión de miles de personas en los últimos 15 meses, incluyendo a extranjeros con antecedentes delictivos cuyos países de origen se niegan a recibirlos.
Como consecuencia directa de los fallos judiciales recientes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se vio obligado a cancelar un vuelo planificado para trasladar a 70 individuos con antecedentes penales hacia tres naciones asociadas.
Sauer adujo además que la intervención judicial perjudica las relaciones internacionales de Estados Unidos, al interferir en acuerdos diplomáticos delicados estructurados con decenas de países —principalmente en África y América Latina— que han aceptado recibir deportados enviando garantías de que no serán perseguidos ni sometidos a tratos crueles.
La jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson, encargada de gestionar las apelaciones de emergencia de esa jurisdicción, otorgó a la representación legal de los inmigrantes un plazo que vence este lunes por la tarde para presentar sus argumentos de respuesta.
La administración aguarda una medida cautelar que le permita reanudar el programa de remociones mientras se resuelve el fondo de la controversia.
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