La Cámara de Representantes reclama nuevas investigaciones sobre los crímenes de Epstein y Maxwell

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, liderado por republicanos, publicó un informe en el que denuncia los fallos del Gobierno federal en las investigaciones criminales contra Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, y reclama nuevas actuaciones para garantizar justicia a las víctimas.

El documento, titulado A Review of the Federal Government’s Mishandling of the Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell Criminal Investigations, es el resultado de una investigación de 15 meses, que incluyó 19 entrevistas y declaraciones transcritas de testigos clave, la publicación de documentos del Departamento de Justicia y del patrimonio de Epstein, así como una revisión de registros financieros.

El informe detalla cómo la red de Epstein y Maxwell facilitó el reclutamiento, control y abuso de mujeres jóvenes. También expone cómo el financiero cultivó relaciones con personas poderosas y utilizó esas conexiones para construir legitimidad social y financiera.

"El Gobierno federal ha fallado durante décadas a las supervivientes de los horribles crímenes de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell", afirmó el presidente del comité, el republicano James Comer.

El congresista sostuvo que Epstein pudo actuar con impunidad gracias a sus conexiones con personas influyentes y a un sistema judicial que, según el informe, falló reiteradamente a las víctimas.

Los acuerdos judiciales que permitieron a Epstein evitar una condena federal

Uno de los principales señalamientos del documento se refiere a las decisiones de los fiscales federales en Florida en 2007. Según el comité, las autoridades optaron por un acuerdo de no procesamiento federal en lugar de presentar una acusación y ampliar las investigaciones sobre las denuncias existentes en otros estados.

Ese acuerdo permitió a Epstein evitar un proceso federal a cambio de declararse culpable de cargos estatales de menor gravedad. Fue condenado a 18 meses de prisión, recibió amplios permisos para salir a trabajar durante su encarcelamiento —periodo en el que continuó abusando de mujeres, según el informe— y obtuvo una liberación anticipada.

El comité también señala que los fiscales federales no informaron a las supervivientes sobre el acuerdo, lo que perjudicó sus posibilidades de presentar demandas civiles o denunciar públicamente los delitos.

El documento considera que algunos de estos fallos respondieron a decisiones equivocadas de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, mientras que otros podrían haber estado relacionados con la influencia y las conexiones de Epstein, incluidos potencialmente dos abogados que trabajaban en esa oficina.

El informe también recuerda que, tras su detención en 2019, Epstein murió bajo custodia en una instalación de la Oficina Federal de Prisiones en Nueva York. Según la investigación, la falta de personal y los problemas sistémicos contribuyeron a que los funcionarios penitenciarios omitieran al menos 12 rondas de vigilancia y tres recuentos de internos durante la noche de su muerte. Esto dejó a Epstein y a otros presos cerca de ocho horas sin supervisión adecuada.

El comité pide investigar a personas vinculadas a Epstein

Entre las recomendaciones, el informe solicita al Departamento de Justicia que entreviste o vuelva a interrogar a testigos clave para avanzar en las investigaciones y esclarecer posibles responsabilidades.

En particular, recomienda ampliar las pesquisas sobre Lesley Groff, asistente de Epstein, para determinar qué conocimiento tenía y cuál pudo ser su papel en la facilitación de las actividades criminales del financiero.

También reclama investigar las denuncias de agresión sexual que Sarah Kellen, antigua asistente de Epstein y superviviente, formuló durante una entrevista transcrita ante el comité contra dos hombres: Philip Levine, exalcalde de Miami Beach entre 2013 y 2017, y Frédéric Fekkai, estilista francés de celebridades.

El documento pide además establecer un procedimiento para que las supervivientes y sus representantes puedan acceder a sus expedientes personales y registros sin censura.

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Entidades financieras y acuerdos de confidencialidad

La investigación también apunta a los fallos de instituciones financieras y autoridades estadounidenses y extranjeras para identificar señales de trata de personas y fraude migratorio.

El informe señala específicamente a American Express, cuyos agentes permitieron que Epstein utilizara vuelos señuelo e itinerarios ficticios o reembolsables para trasladar a mujeres extranjeras a través de las fronteras hasta sus residencias.

Asimismo, sostiene que distintas entidades financieras disponían de información sobre los antecedentes criminales de Epstein y detectaron repetidamente operaciones que presentaban riesgos de cumplimiento normativo, pero no actuaron adecuadamente. En algunos casos, las operaciones sospechosas fueron comunicadas años después, tras la detención de Epstein en 2019.

Por ello, el comité recomienda que el Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) revisen si las instituciones financieras están cumpliendo sus obligaciones de notificación para detectar actividades sospechosas, incluido el blanqueo de capitales y la trata de personas.

Otra de las propuestas es aprobar la Survivor’s Voice Protection Act (H.R. 10389), impulsada por Comer, para impedir que los acuerdos de confidencialidad se utilicen para silenciar a las víctimas de abusos sexuales o a quienes tengan información sobre estos delitos.

La iniciativa también contempla establecer obligaciones para que personas de confianza comuniquen a las autoridades comportamientos sospechosos de captación o manipulación de menores (grooming), además de incorporar por primera vez una definición de esta conducta en la legislación federal.