ANÁLISIS
Newsom firma la "Ley Stop Nick Shirley", blinda a las ONG de inmigración y aviva la polémica por el periodismo de investigación
La ley ya cubría a supervivientes de violencia doméstica, víctimas de abusos a mayores y trabajadores de clínicas de salud reproductiva y de afirmación de género, ofreciéndoles direcciones postales sustitutivas ante presuntas amenazas. Ahora se extiende a quienes trabajan en servicios a inmigrantes.

Gavin Newsom, durante una conferencia. Febrero de 2026
El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el sábado la polémica Assembly Bill 2624, bautizada por los republicanos como la "Stop Nick Shirley Act". La norma, que entrará en vigor el 1 de octubre de 2027, amplía el programa estatal Safe at Home a empleados de organizaciones sin ánimo de lucro que asisten a personas en trámites de inmigración.
El periodista independiente Nick Shirley ha publicado vídeos en los que sigue a trabajadores inmigrantes y denuncia fraudes en California y Minnesota. Él sostiene que la ley nació después de que "expusiera un fraude generalizado en comunidades de inmigrantes" en ambos estados.
La ley ya cubría a supervivientes de violencia doméstica, víctimas de abusos a mayores y trabajadores de clínicas de salud reproductiva y de afirmación de género, ofreciéndoles direcciones postales sustitutivas ante presuntas amenazas. Ahora se extiende a quienes trabajan en servicios a inmigrantes.
"Una ley diseñada para silenciar a los periodistas ciudadanos"
La demócrata Mia Bonta, miembro de la Asamblea Estatal de California, presentó el proyecto en febrero, tras varios informes sobre un presunto aumento de las amenazas y el acoso contra los proveedores de servicios de inmigración.
El asambleísta republicano Carl DeMaio fue quien bautizó el proyecto de ley en un comunicado oficial publicado a mediados de abril, afirmando que la legislación "solo puede describirse como la ‘Ley Stop Nick Shirley’ —una ley diseñada para silenciar a los periodistas ciudadanos que denuncian el fraude y la malversación de fondos públicos". Según DeMaio, en lugar de investigar y castigar el fraude en programas de inmigración, los demócratas prefieren "intimidar a los supervisores" que los exponen.
Incluso en el Senado federal la senadora Ashley Moody (R-Florida) la tildó de "Protect Fraudsters Act" (ley de protección a estafadores).
Bonta rechaza esa lectura y dice que la norma no confunde el periodismo legítimo con el doxxing que Safe at Home pretende frenar. El sábado insistió: "Nuestros proveedores de servicios para inmigrantes viven con miedo por culpa de extremistas que demonizan su trabajo y a las comunidades a las que atienden. Es una consecuencia intolerable de la retórica antiinmigrante actual".
Shirley advierte que la AB 2624 protege el fraude
Tras la aprobación de la norma por la Asamblea de California, Shirley afirmó en X: "Este proyecto de ley criminalizará el periodismo de investigación relacionado con la población inmigrante". El periodista aseguró que, de haber estado vigente, la norma "habría hecho ilegal exponer el centro somalí ‘Learing’ si estuviera en California, o el fraude en el hospicio armenio de Los Ángeles, siempre que alegaran ‘miedo razonable’".
Shirley argumentó que la ley protege específicamente a los "proveedores de servicios de apoyo a inmigrantes", categoría que incluye servicios de salud y organizaciones sin fines de lucro financiadas con fondos públicos. Según él, "se ha demostrado que se han cometido millones, potencialmente miles de millones de dólares en fraudes en estos servicios de apoyo a inmigrantes".
El telón de fondo en el Capitolio
Según el New York Post (NYP) Schanz, levantó un folleto impreso y preguntó si habían oído que Shirley tenía "un p*ne pequeño, según se dice". Schanz cobra $17.319 al mes con dinero público. Según KCRA, ya hay varias quejas ante Recursos Humanos de la Legislatura y se esperan consecuencias para Schanz.
Su nombre también apareció en una demanda por despido improcedente de 2025 con alegaciones de intimidación política y ambiente tóxico en la cúpula de la Asamblea, y su oficina fue cuestionada en enero por presiones al medio CalMatters para alterar imágenes de McKinnor tras una pregunta incómoda sobre un bolso de diseño.