La Casa Blanca estudia una propuesta de Trump para trasladar presos estadounidenses a El Salvador
La secretaria de prensa Karoline Leavitt aclaró que, en caso de que la medida resulte legalmente viable, se limitaría exclusivamente a delincuentes particularmente violentos y con antecedentes de reincidencia.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca
La secretaria de prensa Karoline Leavitt informó este martes que el Gobierno está analizando si es legal enviar a ciudadanos estadounidenses condenados por delitos graves a prisiones en El Salvador, una propuesta presentada recientemente por el presidente Donald Trump.
Durante una rueda de prensa, Leavitt señaló que la Administración está explorando si existe una base jurídica para aplicar esta medida, y aseguró que no se avanzará con la idea sin antes confirmar que se ajusta al marco legal. También indicó que, de ser posible, solo se aplicaría a delincuentes especialmente violentos y reincidentes.
Contexto de la propuesta
La iniciativa fue mencionada por Trump durante una reunión en la Oficina Oval con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En el encuentro, el mandatario sugirió que el país centroamericano podría recibir a personas condenadas en Estados Unidos, lo que requeriría aumentar la capacidad del sistema penitenciario salvadoreño.
“Los criminales locales son los siguientes”, dijo Trump a Bukele. “Hay que construir unos cinco lugares más”, en alusión a nuevas cárceles.
Actualmente, en una de las prisiones más conocidas de El Salvador están recluidos ciudadanos venezolanos acusados de integrar pandillas como la MS-13, así como un ciudadano estadounidense que fue deportado por error, lo que ha puesto el foco en esta propuesta.
Debate legal
Expertos en justicia penal han advertido que trasladar a ciudadanos estadounidenses a cárceles en el extranjero podría contravenir la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe los castigos “crueles e inusuales”.
No obstante, Karoline Leavitt afirmó que la propuesta está siendo examinada cuidadosamente por el equipo legal del Gobierno, y que la fiscal general Pam Bondi participa activamente en ese análisis.
Por su parte, Trump defendió la idea insistiendo en que se aplicaría únicamente a personas extremadamente peligrosas. “Si podemos hacer eso, qué bien”, declaró. “Me refiero a gente realmente mala. Tan mala como la que está llegando”.
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