Un juez federal ordena a la Administración Trump liberar fondos de ayuda extranjera tras incumplimiento de una orden judicial

En un nuevo revés para la Administración del presidente Donald Trump, el juez federal Amir Ali, designado por el expresidente Joe Biden, ordenó este martes a la Casa Blanca distribuir millones de dólares a varios grupos sin fines de lucro, tras determinar que el gobierno violó los términos de una orden de restricción temporal emitida hace dos semanas.

La decisión llega en medio de una disputa legal sobre la congelación de fondos de ayuda extranjera, una medida impulsada por una orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, apenas iniciando su segundo mandato.

La orden ejecutiva en cuestión establecía una suspensión de 90 días de toda la asistencia financiera exterior, afectando a estas organizaciones. 

Sin embargo, el 13 de febrero, el juez Ali había emitido una orden de restricción temporal que exigía a la administración levantar dicha congelación y garantizar el pago a los grupos por trabajos realizados antes de la entrada en vigor de la medida presidencial. 

Según el fallo de este martes, la administración Trump no solo ignoró esta directiva, sino que no presentó pruebas de haber tomado medidas para cumplirla.

Una audiencia tensa

Durante una audiencia de dos horas celebrada el martes, el juez Ali criticó duramente a los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) que representan a la Administración Trump. El magistrado expresó su frustración ante la incapacidad del gobierno para demostrar que había descongelado los fondos, a pesar de que han pasado 12 días desde la emisión de la orden de restricción temporal.

“Los demandantes presentaron pruebas de que los demandados no han levantado la suspensión o congelación de fondos como lo exige la orden. Los demandados no han refutado esa evidencia y, cuando se les preguntó hoy, no pudieron proporcionar ningún ejemplo específico de descongelación de fondos de conformidad con la orden del Tribunal”, afirmó Ali tras la sesión.

El intercambio más destacado ocurrió cuando el juez interrogó al abogado del DOJ, Indraneel Sur, sobre el cumplimiento de la orden. Ali preguntó directamente si se habían tomado medidas para liberar los fondos congelados antes del 13 de febrero. Sur, respondió: “No estoy en condiciones de responder a eso”, a lo que Ali replicó con incredulidad: “Llevamos 12 días y usted está aquí representando al gobierno... ¿y no puede responderme si se han descongelado los fondos que usted reconoció o cubrió la orden del tribunal?”.

Sur alegó que “los preparativos están en marcha para el informe conjunto sobre el estado del cumplimiento”, una respuesta que no logró satisfacer al juez. 

En otro momento de la audiencia, el abogado del DOJ argumentó que la administración estaba protegida por “inmunidad soberana” y que no debería verse obligada a devolver el dinero. Sin embargo, Ali desestimó este razonamiento y calificó los términos de su orden como “claros como el día”, enfatizando que la audiencia no era una oportunidad para reabrir el debate sobre la validez de la orden, sino para asegurar su cumplimiento.

El argumento de los demandantes

Las organizaciones sin fines de lucro, representadas en el caso, argumentaron que la inacción de la Administración Trump equivale a un desafío directo a la autoridad judicial. “Lo que ha revelado el coloquio del tribunal con el gobierno es que el gobierno no ha hecho nada para que se produzca el flujo de pagos”, señaló uno de los abogados de los demandantes durante la audiencia. “Hasta donde sabemos, no ha habido ninguna directiva de la agencia con respecto al descongelamiento de fondos”.

En estas organizaciones trabajan con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), una agencia a la que Trump planea cerrar.

Una orden con plazo límite

Como resultado de la audiencia, el juez Ali firmó una nueva orden para hacer cumplir la restricción temporal del 13 de febrero, exigiendo que la Administración Trump libere los fondos adeudados a los grupos sin fines de lucro antes de las 11:59 p.m. del miércoles 26 de febrero de 2025. 

Esta decisión marca el segundo golpe judicial contra los esfuerzos de la Casa Blanca por reestructurar y desmantelar a USAID.