La Corte Suprema impide temporalmente que Trump destituya al director de la Oficina de Asesores Especiales

El Tribunal Supremo determinó este viernes, que el presidente Donald Trump no puede destituir a Hampton Dellinger, director de la Oficina de Asesores Especiales al menos mientras continúa la impugnación legal contra su despido. La decisión, emitida en una orden breve y sin firmar, deja abierta la posibilidad de que la Corte retome el caso en los próximos días, ya que la orden de restricción que protege a Dellinger expira la próxima semana.

División en la Corte sobre la intervención

Mientras algunos jueces optaron por mantener la restricción temporal, los magistrados Neil Gorsuch y Samuel Alito manifestaron su desacuerdo. Gorsuch argumentó que la orden que impide el despido ya debería considerarse apelable y que prolongarla solo refuerza la interferencia judicial en las decisiones del Ejecutivo. En contraste, las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson señalaron que ni siquiera habrían aceptado la solicitud de intervención de la Corte por parte de Trump.

Un caso clave en la estrategia de Trump

Este caso se ha convertido en un punto de fricción entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en torno a la autoridad del presidente para reorganizar su administración. Dellinger, quien asumió el cargo el año pasado tras su confirmación en el Senado, fue destituido por la Administración Trump a través de un escueto correo electrónico el 7 de febrero, sin mayores explicaciones. En respuesta, presentó una demanda para impugnar su despido, lo que llevó a una jueza federal a emitir una orden temporal que le permitió permanecer en el cargo mientras se analizaba el caso.

La Casa Blanca sostiene que esta intervención judicial interfiere con la autoridad presidencial para administrar el Ejecutivo, citando precedentes recientes en los que la Corte Suprema reafirmó la facultad del presidente para remover a los jefes de agencias dirigidas por una sola persona. En 2021, tras un fallo sobre la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas, el presidente Joe Biden destituyó a su director y poco después aplicó la misma lógica para cesar al titular de la Administración del Seguro Social.

Sarah M. Harris, procuradora general interina, calificó la intervención judicial como “un ataque sin precedentes a la separación de poderes” y advirtió que estas decisiones limitan la capacidad del presidente para reorganizar el Gobierno en el inicio de su mandato. “Estos fallos judiciales dañan irreparablemente a la presidencia al restringir la facultad del presidente para gestionar el poder ejecutivo en los primeros días de su administración”, explicó.