La Justicia anula el programa de Biden-Harris para regularizar inmigrantes ilegales por matrimonio
El magistrado Campbell Barker falló en favor de los dieciséis estados que denunciaron la medida, concluyendo que el DHS no tenía la autoridad necesaria para implementar el cambio. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, una apelación parece poco probable.
Un juez federal en Texas falló en contra del programa "Keep Families Together" (Manteniendo a las Familias Unidas) de la Administración Biden-Harris. La iniciativa demócrata buscaba facilitar la ciudadanía a inmigrantes ilegales casados con ciudadanos estadounidenses.
Creada en junio, la propuesta permitía a los indocumentados casados hace al menos una década con ciudadanos comenzar el proceso de regularización desde suelo estadounidense, cuando, actualmente, sólo se puede hacer desde fuera del territorio nacional. Además de aquel parole, les otorgaba una permiso de trabajo de tres años.
Dos meses después, el bufete America First Legal, representando al fiscal general de Texas, Ken Paxton, y otros 15 estados llevaron el plan ante la corte, al que definen como "un programa ilegal que habría amnistiado a cientos de miles de extranjeros ilegales y allanado el camino para la mayor amnistía administrativa de la historia de EEUU". Además de atraer inmigrantes, alegaron, crearía costos a los estados en servicios como el sanitario y el educativo.
Tras bloquear su implementación en agosto, el magistrado Campbell Barker falló este jueves contra Manteniendo a las Familias Unidas alegando que el Departamento de Seguridad Nacional carecía de autoridad para instaurar la medida. El programa, concluyó, afectaría la competencia de los estados.
A Texas se sumaron Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Luisiana, Missouri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming, quienes habían señalado que el programa alentaría la inmigración ilegal y sería perjudicial para ellos.
"¡Nadie está por encima de la ley!"
"Otra victoria en los tribunales para detener el plan de la Administración Biden-Harris de eludir las leyes migratorias", celebró el fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, uno de los dieciséis fiscales que presentaron la demanda. Los otros demandantes fueron los de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Luisiana, Missouri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming.
"Esta victoria impide que Biden y Harris inviten a más de 500.000 extranjeros ilegales a vivir y trabajar ilegalmente en Estados Unidos", escribió Brenna Bird, fiscal general de Iowa. "¡Nadie está por encima de la ley!".
Desde la acera de enfrente, la reacción ha sido, como era de esperar, la opuesta: "Es muy decepcionante porque se trata de personas que llevan aquí muchos años y que avanzarán en el sistema de inmigración", dijo Dan Berger, abogado especializado en inmigración que defendió la medida, a The New York Times.
Aunque la Administración todavía puede apelar la decisión, hay pocas esperanzas de que lo haga tras la victoria electoral de Donald Trump. Dependería de su Gobierno seguir el proceso ante la instancia judicial superior.