El brutal impacto fiscal de la crisis fronteriza: $1,15 billones costarán a los contribuyentes los nuevos inmigrantes ilegales

La crisis migratoria no solo está provocando un gran problema humanitario en los estados fronterizos y las principales ciudades receptoras de los inmigrantes ilegales, también está generando, en el presente inmediato y el futuro lejano, un derroche importante de dinero federal que, medido en términos fiscales, costará aproximadamente $1,15 billones (trillion) a los contribuyentes estadounidenses, según un detallado estudio publicado este mes en el Manhattan Institute.

En el informe se cita a la Oficina Presupuestaria del Congreso, que calcula que la oleada fronteriza ascenderá a 8,7 millones de inmigrantes ilegales entre 2021 y 2026, una cifra relativamente conservadora considerando que ya hay informes que apuntan a que más de diez millones de personas cruzaron la frontera de Estados Unidos ilegalmente durante la Administración Biden.

Considerando la edad y la preparación académica de los inmigrantes, el informe concluye que la crisis fronteriza tendrá un coste fiscal estimado para los contribuyentes de 1,15 billones de dólares a lo largo de la vida de los nuevos inmigrantes ilegales, eso es mayor al presupuesto de Defensa de Estados Unidos y casi igual al coste de la Seguridad Social en 2023.

El economista Daniel Di Martino, autor del estudio, explicó a VOZ que el principal problema a largo plazo de la inmigración descontrolada es que aumentará la deuda nacional, que ya está peligrosamente elevada, específicamente ubicada en los $34,7 billones (trillion) según cifras Departamento del Tesoro.

“La consecuencia más grave de la inmigración ilegal a Estados Unidos será que la deuda incrementará sustancialmente debido a todos los beneficios que recibirán los inmigrantes ilegales. Y eso es aún sin añadir lo que estados controlados por los demócratas como Nueva York y California les proporcionan encima de lo que ya reciben o se benefician del Gobierno federal”, dijo el economista, fundador del Dissident Project y miembro del Manhattan Institute.

“Es lamentable que el Gobierno federal permita que millones de personas que dependerán del Estado entren ilegalmente y límite tanto la inmigración legal de personas que contribuirán más en impuestos que los beneficios que disfrutan”.

Sin embargo, Di Martino apunta en su estudio que, así como la inmigración ilegal es un problema a corto y largo plazo, la migración legal puede ser la solución para paliar la deuda nacional, volviéndose una solución a largo plazo que podría traer un impacto fiscal positivo para el país.

Los inmigrantes ilegales ya tienen un impacto fiscal positivo mínimo

De forma reveladora, el estudio apunta que, a pesar de que una gran cantidad de los inmigrantes ilegales representan pérdidas millonarias para el Gobierno federal, una parte representa un impacto positivo para los contribuyentes. Esos son los inmigrantes jóvenes con títulos universitarios.

Es tal el impacto positivo de este tipo de inmigrantes en términos fiscales que, por sí mismos, pueden hacer que el impacto fiscal de los inmigrantes ilegales en general reduzca el déficit del presupuesto federal en más de $10.000 durante su vida.

“En comparación, el coste medio para el gobierno federal de un ciudadano nacido en el país supera los 250.000 dólares”, sumó el estudio.

No obstante, hay un gran problema en esta cuenta en términos de inmigración ilegal. A pesar de que el inmigrante medio reduce el déficit presupuestario, los inmigrantes sin estudios universitarios, de edad avanzada, y con poca preparación normalmente son una carga fiscal importante para el Gobierno. De hecho, algunos de ellos representan una carga fiscal neta de hasta $400.000 dólares, mucho más que un ciudadano nacido en el país.

Además, el estudio publicado en el Manhattan Institute no incluye, por ejemplo, los gastos individualizados por los estados que han sufrido de primera mano la crisis fronteriza, poniendo a disposición sus recursos de forma constante desde hace más de tres años.

Aún así, el dato demuestra el gran potencial de los inmigrantes jóvenes académicamente preparados.

“El gran impacto fiscal positivo de los inmigrantes jóvenes y con estudios universitarios eleva la media general. Cada inmigrante menor de 35 años con un título universitario reduce el déficit presupuestario en más de un millón de dólares en valor actual neto durante su vida”, escribe Di Martino en el informe.

¿Qué política es la más beneficiosa para que la crisis fronteriza no tenga un impacto negativo?

Ahora, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, donde se definirá no solo la persona que gobernará al país por cuatro años sino también la distribución de ambas Cámaras del Congreso, muchos estadounidenses acudirán a las urnas pensando no solo en la inflación, la seguridad o los diversos problemas que tiene el país, sino también en la crisis fronteriza de los últimos tres años y medio.

Y si piensan en la crisis fronteriza como un problema integral para el país, posiblemente también lo hagan pensando en la deuda. En ese sentido, los dos partidos políticos tradicionales deberían verse obligados a encontrar una solución bipartidista para corregir el impacto negativo de la inmigración ilegal en términos fiscales.

En el Manhattan Institute se hizo un análisis general del impacto que positivo que generarían las siguientes políticas: deportaciones masivas, deportaciones selectivas y legalizaciones selectivas.

Si bien las deportaciones masivas ahorrarían una gran cantidad de dinero al Gobierno federal, el costo de cada deportación, considerando todos los recursos que se invertirán para rastreo y traslados, podría oscilar entre los $65.000 y $130.000 por cada inmigrante. Basándose en el mejor caso, el estudio arroja que una política de deportación masiva (diez millones de personas) podrían ahorrarle al Gobierno $1,3 billones (trillion).

En el peor escenario, con una deportación que supera por un buen trecho los $100.000 por inmigrante, el impacto fiscal positivo sería de solo $664.000 millones.

En la segunda política, de deportaciones selectivas, que incluiría a aquellos inmigrantes sin educación universitaria, el impacto fiscal positivo podría ser hasta $1,8 billones (trillion) considerando que el costo de deportación será de $65.000.

En el peor escenario, el impacto fiscal positivo sería de $1,2 billones (trillion), según el estudio.

Sin embargo, en la legalización selectiva, que también incluiría deportaciones y, por ende, se estaría aplicando una política mixta donde se promueva la migración legal y se desincentive la ilegal, el impacto positivo fiscal para el Gobierno federal sería de $1,9 billones (trillion) considerando que $1 billón (trillion) llegaría proveniente de los impuestos de estos inmigrantes y unos $900.000 millones llegarían gracias a los ahorros netos de las deportaciones.

En el peor escenario, el impacto positivo sería de unos $1,6 billones (trillion).

Para promover la inmigración legal, el estudio propone dos políticas: duplicar los visados H-1B y permitir que los graduados en campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) no estén sujetos a las limitaciones de las Green Card.

“Teniendo en cuenta la educación, la edad y los ingresos de los beneficiarios de visados H-1B, duplicar el número de visados H-1B durante un solo año reduciría el déficit presupuestario en 70.000 millones de dólares a largo plazo, y en otros 70.000 millones cada año a partir de entonces”, establece el informe.

Los visados H-1B son un tipo de visa no inmigrante en Estados Unidos que permite a las empresas nacionales contratar temporalmente a trabajadores extranjeros altamente calificados en ocupaciones especializadas.

“El cambio más beneficioso en la política de inmigración sería eximir a los licenciados STEM de los límites de la tarjeta verde, lo que aumentaría la inmigración en unas 15.000 personas al año y reduciría la acumulación de visados; esto reduciría el déficit en 150.000 millones de dólares el primer año y 25.000 millones cada año a partir de entonces”, se concluye.