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Florida: entra en vigor la ley para hacer frente a la ocupación ilegal

La norma tiene como objetivo defender la propiedad privada de los invasores, que se enfrentarán a sanciones más contundentes.

Ron DeSantis

Ron DeSantis(Cordon Press)

Alejandro Baños
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La ley promulgada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para hacer frente a la ocupación ilegal entró en vigor este lunes. Esta nueva norma otorga poder a las autoridades competentes para expulsar a los invasores de propiedades e imponerles sanciones más contundentes.

Fue a finales de marzo cuando DeSantis convirtió el proyecto de ley HB 621 -impulsado por el Partido Republicano- en una nueva norma recogida en el código estatal, con el objetivo de proteger la propiedad privada y proporcionar a los propietarios "remedios contra la ocupación ilegal".

"Estamos poniendo fin a la estafa de los ocupantes ilegales en Florida. Mientras otros estados se ponen del lado de los ocupantes ilegales, nosotros protegemos a los propietarios y castigamos a los delincuentes que buscan burlar el sistema"Ron DeSantis

Una vez el proyecto de ley fue redactado y presentado en el Congreso de Florida, recibió el respaldo mayoritario tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Posteriormente, fue enviado a la mesa de DeSantis para que rubricase la ley.

Las sanciones

Según la nueva ley, los dueños de una propiedad podrán pedirles a las autoridades que intervengan y expulsen de forma inmediata a cualquier persona que haya entrado y permanezca ilegalmente en una propiedad.

Los invasores ilegales se enfrentarán a sanciones severas, igual que aquellos que "fomentan la ocupación y/o enseñan a otros la estafa".

​De acuerdo con la legislación, hacer una declaración falsa por escrito para obtener bienes inmuebles será considerado un delito menor de primer grado. Además, ocupar o traspasar ilegalmente una vivienda residencial y causar intencionalmente daños por un valor de 1.000 dólares o más a la propiedad se considerará un delito grave de segundo grado.

​Asimismo, la ley establece que anunciar a sabiendas la venta o el alquiler de una propiedad residencial sin autorización o propiedad legal será considerado un delito grave de primer grado.

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