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La Corte Suprema aplaza las restricciones de contacto entre la Administración Biden y las redes sociales

El Gobierno apelará a SCOTUS para revertir un fallo, ratificado por un tribunal de apelación, que lo encontró culpable de violar la Primera Enmienda al censurar discursos indebidamente.

(Unsplash - Cordon Press - Voz Media)

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El juez de la Corte Suprema Samuel Alito aplazó una semana la entrada en vigor de las restricciones de contacto entre el Gobierno y las redes sociales, establecidas por tribunales inferiores al encontrar culpable a la Administración de violar la Primera Enmienda al presionar a las tecnológicas para que censuren discursos sobre temas como el covid y el fraude electoral.

Aunque las medidas restrictivas seguirán entrando en vigor la semana próxima, lo harán a las 11:59 del viernes en vez del lunes. El breve texto del magistrado también da a los demandantes, los fiscales generales de Louisiana y Missouri y un grupo de usuarios de redes, hasta el miércoles para responder.

Alito - Missouri v. Biden by Santiago Adolfo Ospital on Scribd

SCOTUS replicó de esta forma a la presentación que le hizo el Departamento de Justicia, que había alegado que la limitación de contactar con las redes sociales "impondría daños graves e irreparables al Gobierno y al público". El DOJ pidió más tiempo para preparar una apelación contra la decisión judicial.

En virtud de la medida cautelar, el Director General de Salud Pública, el Secretario de Prensa de la Casa Blanca y muchos otros asesores presidenciales de alto nivel corren riesgo de desacato si sus declaraciones públicas sobre cuestiones de política cruzan las líneas mal definidas trazadas por el Quinto Circuito.

En julio, el magistrado Terry A. Doughty falló y aseguró que los fiscales generales de Missouri y Louisiana "produjeron evidencia de un esfuerzo masivo de los acusados, desde la Casa Blanca hasta las agencias federales, para suprimir el discurso basado en su contenido".

El Tribunal de Apelación del 5º Circuito en Nueva Orleans, tras una apelación del Gobierno, redujo las limitaciones de contacto entre la Administración y compañías dueñas de redes sociales. Pero coincidió con Doughty en que los gobernantes "probablemente violaron la Primera Enmienda" al presionar a las redes sociales para que censuren contenidos que consideraban controversiales.

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