La Administración Trump revoca la visa a 17 funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por sus vínculos con la corrupción y el narcotráfico

El Departamento de Estado anunció este lunes una nueva política de restricción de visados dirigida contra funcionarios públicos y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, señalados por su presunta participación en actos de corrupción y narcotráfico que, según Washington, socavan a gobiernos democráticamente electos en la región.

"Bajo la Administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos", indicó el Departamento de Estado en un comunicado firmado por su vocero, Thomas Pigott. La medida se enmarca en los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración de líderes del Escudo de las Américas del pasado 22 de septiembre, que contempla la coordinación de sanciones, designaciones y acciones financieras contra quienes "socavan la seguridad, el estado de derecho y la democracia" en el hemisferio. La restricción se aplica bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y alcanza también a los familiares inmediatos de los señalados.

En total, se vieron afectadas 17 personas, además de nueve ciudadanos bolivianos adicionales que, sin poseer visa actualmente, quedaron catalogados como inelegibles para obtenerla en el futuro.

Bolivia concentró el mayor número de sanciones, con 12 personas señaladas: el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores; la jueza Albania Chané Caballero Saavedra; el fiscal departamental Alberto Zeballos Flores; la jueza Rosario Ximena Flores Paniagua; el exministro de Justicia Iván Manolo Lima Magne; el fiscal Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco; el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero Méndez; el expresidente ejecutivo de Aduanas, Alberto Samuel Soto de la Vía; el exmagistrado Iván Ramiro Campero Villalba; el juez Rodrigo Aldo Vedia Espinoza; el coronel de la Policía boliviana Frans William Cabrera Quispe; y el empresario privado José Luis Iriarte Cussi.

Junto a esa lista, el Departamento de Estado designó públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, bajo la Sección 7031(c) de la ley de asignaciones para el Departamento de Estado, un mecanismo reservado para funcionarios con información creíble de corrupción significativa o violaciones graves de derechos humanos. Según el comunicado, Mariaca, elegido en 2024 durante la gestión del expresidente de extrema izquierda Luis Arce, "abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico" y ayudó a "criminales violentos a evadir la justicia".

En Colombia, las restricciones alcanzaron al empresario Euclides Antonio Torres Romero, dueño de un conglomerado con negocios en energía, semaforización y alumbrado público, y a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). En Ecuador, la medida afectó a dos ciudadanos cuya identidad no fue revelada públicamente. En Perú, la sanción recayó sobre el juez Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Juzgado Constitucional de Lima.

El anuncio se suma a una serie de gestos de la Administración Trump para posicionarse como aliada de gobiernos de corte conservador en la región frente al narcotráfico y el crimen organizado. En enero, fuerzas estadounidenses capturaron al exdictador Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores en Venezuela. Ahora ambos esperan por su juicio por narcotráfico y lavado de activos en Nueva York. Asimismo, en junio, una operación conjunta entre Washington y las autoridades interinas de Caracas terminó con la vida de Héctor "Niño" Guerrero, líder del Tren de Aragua, en el estado Bolívar. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú integran, junto a otros países, el Escudo de las Américas, la coalición liderada por Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.