El recién electo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, prometió la semana pasada deportar a los inmigrantes que ingresen a su país a través de la selva del Darién, fronteriza con Colombia, en su travesía hacia Estados Unidos.

"Iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo apego a los derechos humanos de todas las personas que están allí", dijo Mulino durante un discurso en el acto en que la Junta Nacional de Escrutinio lo proclamó formalmente como presidente.

Se trataría de unas de las primeras medidas que tomaría Mulino para hacer frente a la crisis migratoria. Ya durante la campaña presidencial, aseguró que cerraría el Darién. "Vamos a cerrar el Darién y vamos a repatriar a todas estas personas como corresponda, respetando los derechos humanos", dijo Mulino, a mediados de abril, a medios -entre ellos Voz de América- durante un recorrido electoral por Las Mañanitas.

Los comentarios de Mulino llegan en un momento en el que se registran cifras de récord de inmigrantes cruzando el peligroso paso. En abril, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá informó de que un total 109.069 inmigrantes que buscaban llegar a Estados Unidos de manera irregular atravesaron la selva en el primer trimestre de 2024. Se trató de un gran aumento en comparación con los 87.390 sin papeles que lo hicieron en el mismo periodo en 2023.

"Las autoridades no protegen eficazmente el derecho a la vida de los inmigrantes"

También se dan un mes después de que un informe de Human Rights Watch (HRW) denunciara que Colombia y Panamá no están protegiendo ni ayudando eficazmente a los cientos de miles de inmigrantes y solicitantes de asilo que transitan por la selva del Darién.

La organización identificó deficiencias en los esfuerzos de esos países latinoamericanos para proteger y ayudar a las personas –incluidas aquellas en mayor riesgo, como los niños no acompañados– así como para investigar los abusos contra ellos.

"Human Rights Watch identificó que, a ambos lados de la frontera, las autoridades no protegen eficazmente el derecho a la vida y a la integridad física de los migrantes y solicitantes de asilo en tránsito, ni investigan las violaciones a sus derechos de forma efectiva, rápida y exhaustiva. Los esfuerzos para garantizar el acceso a alimentación, agua y servicios básicos de salud han resultado insuficientes, lo que afecta los derechos tanto de la población migrante como los de las comunidades locales que han sido marginalizadas por años y han sufrido altos índices de pobreza y falta de oportunidades", explicó la organización en el resumen del informe.

En ese sentido, Human Rights Watch indicó que una de las principales razones por las que los inmigrantes no están siendo protegidos es porque Panamá y Colombia no cuentan con una estrategia correcta para enfrentar la crisis migratoria que se vive en la región. Sostuvo que la escasa presencia gubernamental en el paso del Darién deja a los inmigrantes en manos del Clan del Golfo, un grupo armado involucrado en narcotráfico que controla el tránsito de migrantes y solicitantes de asilo y lucra de su desesperación y vulnerabilidad.

La organización internacional insistió en pedir que haya una coordinación entre los países de la región para afrontar la crisis migratoria. HRW sostuvo que "la situación en el tapón del Darién exige un esfuerzo más amplio de toda la región. Los Gobiernos latinoamericanos y de Estados Unidos deberían revertir las medidas que están impidiendo el acceso a refugios y que llevan a las personas a cruzar lugares peligrosos como el Darién".