Denuncian Golpe de Estado en Guatemala: la Fiscalía dice que las elecciones presidenciales son "nulas"
Según el Ministerio Público, los formatos utilizados en las actas electorales no fueron los aprobados por el Tribunal Supremo Electoral.
Bernardo Arévalo / Wikimedia Commons-Gobierno de Guatemala
La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado condenando la decisión del Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala de intentar anular las elecciones en las que ganó Bernardo Arévalo, bajo el argumento de que se encontraron unas supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral.
Este viernes, la fiscal Leonor Morales dijo durante una rueda de prensa que se encontraron anomalías “en la redacción de las actas finales de cierre de escrutinio”, lo que lleva a la anulación "de pleno derecho para las elecciones de presidente, vicepresidente, diputados, corporaciones y diputados al Parlacen (Parlamento Centroamericano)". Según Morales, se llevó a cabo una investigación que concluyó que los formatos que se utilizaron en las actas electorales, no fueron las que aprobó el Tribunal Supremo Electoral.
La OEA condena el “intento de golpe de Estado”
Poco después de que se diera a conocer la decisión de la Fiscalía guatemalteca, la OEA publicó un comunicado condenando las acciones del Ministerio Público y calificándolas como un "intento de golpe de Estado".
En la declaración, la OEA resaltó que las acciones de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales “constituyen una alteración del orden constitucional, un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los Derechos Humanos de la población” guatemalteca.
“Hacemos un llamado al presidente Alejandro Giammattei, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso a defender las instituciones y el orden constitucional del país tomando acciones contra los perpetradores de este atentado en orden de preservar la Democracia en Guatemala”, dice el comunicado.
Arévalo advirtió las intenciones de la Fiscalía
Bernardo Arévalo ya había denunciado en septiembre que el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, estaba gestando un "golpe de Estado en cámara lenta" para evitar que tomara posesión el próximo 14 de enero tal y como estaba planificado.
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