Una iniciativa sobre los derechos parentales en Washington atrae la atención nacional
Impulsada por el grupo conservador Let's Go Washington, la iniciativa I-001, si es aprobada por los votantes, volvería a exigir a los centros educativos que notifiquen previamente a los padres cuando un alumno solicite servicios médicos que no sean de urgencia o asesoramiento en salud mental en el recinto escolar.
Las taquillas inteligentes de USPS en el vestíbulo del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS)
Faltan solo 80 días para las elecciones generales del 3 de noviembre y, en el estado de Washington, gran parte de la atención se centra en tres iniciativas que aparecerán en la papeleta electoral.
Una de ellas es la Iniciativa 001, que restablecería una carta de derechos de los padres. Las otras dos se refieren a la protección de las niñas en el deporte y a la derogación del nuevo impuesto sobre la renta.
Impulsada por el grupo conservador Let's Go Washington, I-001, si es aprobada por los votantes, volvería a exigir a los centros educativos que proporcionen una notificación previa a los padres cuando un alumno solicite servicios médicos que no sean de urgencia o asesoramiento en salud mental en el recinto escolar.
La lucha por los derechos de los padres en Washington también está recibiendo cierta atención a nivel nacional.
Suzanne Gallagher, directora ejecutiva de Parents Rights in Education, asistió el 7 de agosto a un acto de lanzamiento de la campaña a favor de la iniciativa y de las otras dos medidas de LGW que se someterán a votación.
En una entrevista el jueves, Gallagher declaró a The Center Square que los temas que se debaten en Washington están ocurriendo en estados de todo el país.
"Hay otras personas que hablan con tu hijo y, literalmente, no solo le preparan para la posibilidad de una transición, sino que le hacen saber que esto está ocurriendo en el colegio. Podemos mantenerlo en secreto ante tus padres hasta que estés listo para darlo a conocer", afirmó Gallagher.
"Y cuando vuelvas a casa, simplemente compórtate con normalidad. Tus padres nunca lo sabrán".
LEGISLACIÓN ACTUAL
Según la legislación vigente, los estudiantes de 13 años o más pueden dar su consentimiento para determinados tratamientos sin el conocimiento de sus padres. En algunos casos, pueden salir del recinto escolar para recibir atención médica sin que se envíe ninguna notificación a sus padres o tutores.
La batalla se remonta a 2024, cuando LGW presentó ante la Asamblea Legislativa la iniciativa I-2081, firmada por cientos de miles de votantes de Washington. Los legisladores aprobaron la medida, pero un año después la revisaron y modificaron los derechos de los padres en virtud del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 1296.
Tras la aprobación definitiva del proyecto de ley de la Cámara de Representantes n.º 1296, el diputado Shaun Scott, demócrata por Seattle, instó a sus colegas legisladores a apoyar la medida.
"Para las familias de entornos marginados —personas negras, indígenas, inmigrantes e indocumentadas—, una iniciativa reciente suscitó serias preocupaciones debido a la vaguedad de su redacción… Este es un proyecto de ley que pretende establecer una comprensión muy clara. Protege la participación de los padres y tutores legales en la educación de los alumnos. Es un proyecto de ley que se ajusta a las leyes de derechos civiles. Respeta la diversidad de las familias", afirmó Scott el 24 de abril de 2025.
El proyecto de ley modificó de forma fundamental las leyes de notificación a los padres del estado de Washington al restringir el acceso de los padres a los historiales médicos de los alumnos y dar prioridad a la privacidad de los alumnos en la escuela, lo que llevó a LGW a recoger una vez más firmas para intentar restablecer los derechos de los padres.
La I-001 fue certificada y remitida a los legisladores de Washington para su consideración en la sesión legislativa de 2026, pero la mayoría demócrata se negó a celebrar una audiencia pública sobre la iniciativa.
Esto llevó a que la iniciativa se sometiera a votación el 3 de noviembre de 2026.
Los defensores del proyecto de ley HB 1296 argumentaron que la ley protege la privacidad, la seguridad y los entornos de aprendizaje inclusivos de los alumnos, en concreto de los jóvenes LGBTQ y trans.
La plantearon como un equilibrio entre la participación de los padres y la seguridad de los alumnos.
Pero Gallagher afirmó que los colegios no tienen derecho a ocultar información a los padres.
"En el colegio, serás una persona, y tus padres no tendrán ni idea. De hecho, se advierte al personal del centro que, si este niño o niña está en proceso de transición en el centro y los padres no lo saben, deben utilizar el nombre del niño o la niña, su "antiguo" nombre y sus "antiguos" pronombres cuando hablen con los padres", afirmó.
El proyecto de ley HB 1296 también estableció un nuevo procedimiento mediante el cual la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública puede investigar y tomar medidas contra los distritos escolares que incumplan intencionadamente la legislación estatal.
Varios distritos de Washington que han se han opuesto a la OSPI, o han aprobado resoluciones locales en las que declaran que cumplirán con la ley federal, en lugar de la ley estatal, en lo que respecta a la notificación a los padres, han recibido cartas amenazantes de la OSPI en las que se les advierte de que podrían sufrir recortes en la financiación estatal.
"Es muy parecido a una secta", afirmó Gallagher. "Se trata de ocultárselo todo a los padres. Porque la ley federal y las sentencias del Tribunal Supremo respaldan los derechos de los padres, así como su derecho a saber, su derecho a ser notificados y su derecho a tener acceso a los expedientes".
"Lo que estas personas están haciendo es inconstitucional".
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