Dos agentes del Servicio Interno de Impuestos (IRS) declararon recientemente ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y describieron como la investigación a Hunter Biden se manejó de manera incorrecta. Uno de ellos, Gary Shapley, aseguró que “si se tratara de cualquier otra persona, probablemente ya habrían cumplido su condena. Había gastos personales que se tomaban como gastos comerciales, prostitutas, membresías a clubes sexuales, cuartos de hotel para supuestos narcotraficantes”.

Por si fuera poco, insinuó que el Departamento de Justicia entorpeció la investigación para evitar salpicar a Joe Biden. “Hubo ciertos pasos de investigación que no se nos permitió tomar que podrían habernos llevado al presidente Biden”, agregó.

Testimonios como este enfurecieron al entorno del hijo del presidente y particularmente a su abogado, Abbe Lowell, quien le escribió una dura carta al congresista Jason Smith (R-MO), presidente del mencionado comité. El letrado sugirió que los agentes del IRS fueron entrevistados "en un intento de evadir su propia mala conducta", al mismo tiempo que afirmó que el "momento de las filtraciones de los agentes y su decisión posterior de publicar sus declaraciones no parece inocente: se produjeron poco después de que se presentara una presentación pública que indicaba la disposición de la investigación de cinco años del Sr. Biden".

Smith no tardó en responder y le bajó el precio a la misiva escrita por Powell. “No sorprende que los abogados de Hunter Biden intenten congelar nuestra investigación y desacreditar a los denunciantes que dicen que ya han enfrentado represalias del IRS y el Departamento de Justicia a pesar de las protecciones legales establecidas por la ley”, replicó el legislador republicano.

En su declaración, Shapley, quien todavía trabaja en el IRS, precisó que Hunter Biden debía 2,2 millones de dólares en impuestos entre el 2014 y el 2019. Además, aseguró que su equipo encontró unos cuantos gastos comerciales ilegales durante la propia investigación y que la evidencia recopilada podría haber llevado a “cualquier otra persona” a prisión.

“Documenté exactamente lo que sucedió. Y no parece coincidir con lo que dicen hoy el fiscal general o el fiscal federal. (...) Tenemos que asegurarnos, como agentes especiales de Investigación Criminal del IRS, de que tratemos a cada persona exactamente igual. Y eso simplemente no ocurrió aquí", sumó.