En diciembre de 2021, hace poco más de un año, Joe Biden firmó una orden ejecutiva para que al cabo de 2030 la mitad de los vehículos nuevos vendidos en Estados Unidos fueran eléctricos. La iniciativa contó con el apoyo de los principales fabricantes del sector, sin embargo, a poco de que entrara en vigor, la misma ya comenzó a tener consecuencias negativas: argumentando los elevados costos de producción, el grupo automovilístico Stellantis, matriz de Chrysler, anunció el cierre de su planta de ensamblaje de Illinois.
El pasado viernes, la empresa informó de que cerrará de forma indefinida su sede de Belvidere, la cual funciona desde 1965 y que actualmente ensambla el Jeep Cherokee. El cese de la planta, que según Associated Press será a partir del próximo 28 de febrero, arrastrará a cerca de 1.350 trabajadores, muchos de los cuales quedarían desempleados.
Si bien Stellantis se vio afectado por diversos factores, entre ellos la pandemia de covid-19, la principal razón es la fuerte inversión que el grupo realizó para no perderle pisada a la electrificación del mercado automotriz, siguiendo los parámetros de la orden ejecutiva impulsada por Biden. También, la empresa apuntó contra la escasez mundial de microchips.
Ante la difusión de la noticia, Tim Ferguson, presidente del sindicato United Auto Workers (UAW) Local 1268, organización que representa a los trabajadores del sector en Illinois, declaró a Reuters que la compañía planea mudar la producción del Cherokee a una instalación en Toluca, México. “Es una píldora bastante difícil de tragar que van a enviar tu vehículo a México”, afirmó Ferguson. Y añadió: “Para mí no hay dudas al respecto; su plan es cerrar esta planta”.
A su vez, Cindy Estrada, vicepresidenta de UAW, resaltó el hecho de que la industria automotriz reciba “miles de millones” de parte del Estado para intentar llevar adelante la transición energética. No obstante, los trabajadores del sector son quienes han comenzado a pagar los platos rotos. “Compañías como Stellantis reciben miles de millones en incentivos gubernamentales para hacer la transición a la energía limpia. Es un insulto para todos los contribuyentes que no estén invirtiendo ese dinero en nuestras comunidades”, afirmó la dirigente sindical mediante un comunicado oficial.
