Donald Trump recibió otro golpe judicial por parte del juez Juan Merchan de Nueva York. Tras expandir la orden de mordaza contra el expresidente, el magistrado rechazó el último intento de retrasar el juicio y fijó la fecha de inicio para el 15 de abril. El equipo legal del republicano había planteado estirar el caso hasta que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la inmunidad planteada.
En este caso, el fiscal Alvin Bragg acusó a Trump de ocultar criminalmente un pago relacionado con las elecciones presidenciales del 2016, acusación de la que el expresidente se declaró inocente.
Recientemente, los abogados del republicano le habían pedido al juez una prórroga hasta que el máximo tribunal del país dictamine si su cliente es inmune al procesamiento por cargos relacionados con actos oficiales que realizó mientras era presidente. Aunque se espera que la Corte escuche los argumentos orales en abril, el fallo saldría a mediados de junio.
Merchan rechazo el pedido, alegando que el pedido de retraso era "inoportuno" y que no se solicitó dentro del plazo legal.
"La moción del demandado es DENEGADA en su totalidad por extemporánea. El Tribunal se niega a considerar si la doctrina de la inmunidad presidencial impide la introducción de pruebas de supuestos actos presidenciales oficiales en un proceso penal", redactó el magistrado.
Sin embargo, Trump aún tiene una carta más para intentar rechazar el inicio del juicio en base, a la "publicidad perjudicial".
De acuerdo con esta teoría legal, la publicidad previa al juicio y contraria al acusado puede sesgar por naturaleza las opiniones de los jurados, aumentado así las chances de un veredicto de culpabilidad y atentando contra la Sexta Enmienda.
El caso de Trump, Alvin Bragg y el juez Merchan
El caso involucra un supuesto pago realizado por el exabogado de Trump, Michael Cohen. El letrado le habría enviado 130.000 dólares a la actriz Stormy Daniels durante la campaña de 2016, con el objetivo de silenciar una supuesta cita entre Trump y la actriz en el 2006. El delito sería el de disfrazar presuntamente ese pago como un gasto legal y la investigación está siendo llevada a cabo por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.
Según la versiones de la Fiscalía, Trump, o su fideicomiso le pagó $420.000 a su exabogado, dinero que incluía $130.000 por el pago y $50.000 por el trabajo digital que Cohen hizo para Trump. Esos $ 180.000 supuestamente se duplicaron para compensar los impuestos y los $60.000 restantes fueron un “bono”.
A pesar de que los acuerdos de confidencialidad son legales, el problema recae en cómo su empresa reembolsó a Cohen. El pago figuraba como un gasto legal y la compañía alegó un supuesto acuerdo de confidencialidad con Cohen. De acuerdo con el fiscal, ese acuerdo no existía y el gasto no estuvo relacionado con ningún servicio legal por parte del abogado, estableciendo potencialmente un delito menor de falsificación de registros comerciales.
De acuerdo con Bragg, Trump firmó personalmente varios de los cheques a Cohen mientras ejercía como presidente. Además, de acuerdo con POLITICO, “Trump ha negado repetidamente haber cometido irregularidades en relación con el pago y ha desmentido la afirmación de Daniels de que la pareja mantuvo relaciones sexuales en una ocasión en 2006”.
La Fiscalía puede elevar el delito menor a un delito grave, pero debería probar que existió una “intención de defraudar” por parte de Trump, lo que sentaría las bases para un segundo delito. Precisamente, ese segundo delito implicaría que el pago de $130.000 haya sido una donación indebida a la campaña de Trump, porque el dinero se habría utilizado para detener una historia con el propósito de beneficiar su campaña presidencial.
