La libertad del expresidente Donald Trump para hablar sobre el caso por fraude que enfrenta en Nueva York duró poco. Si hace dos semanas un juez de apelaciones le quitó el bozal legal impuesto por el magistrado Arthur Engoron, este jueves cuatro jueces decidieron volver a imponérselo.
En específico, Trump y sus representantes tendrán prohibido hablar sobre el equipo que trabaja con el juez Engoron. En las semanas en que sí pudo realizar comentarios sobre el personal del caso, el presidente insistió en que eran imparciales. En un mensaje en el Día de Acción de Gracias, por ejemplo, acusó al togado de infravalorar sus propiedades y a su ayudante Allison Greenfield, de sentarse a su lado y ordenarle qué hacer -sin olvidarse, sin embargo, de desearles un feliz día-.
El expresidente, sus hijos Donald Jr. y Eric, y altos ejecutivos de la Organización Trump, fueron acusados de participar en un plan en el que habrían utilizado "numerosos actos de fraude y tergiversación" durante más de una década, con el objetivo de inflar el patrimonio neto de Trump y obtener condiciones de préstamo más favorables.
Trump negó este accionar y sus abogados argumentaron que las valoraciones a las que hace referencia Letitia James, fiscal general del estado, fueron producto de su habilidad empresarial.
