¿Hay clubes oficialmente reconocidos por la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley que cuentan con zonas libres de sionistas, lo que recuerda a esos carteles de principios del siglo XX que se dice que decían: "No se admiten judíos ni perros"? ¿O acaso esos clubes se limitan a acogerse a la Primera Enmienda a la hora de vetar a todos los oradores sionistas —y sólo a ellos–? Esta es la pregunta que está agitando no sólo el campus de la UC Berkeley, sino los de todo el país, que ven que la respuesta sienta un precedente para ellos.
Empecemos por los hechos indiscutibles.
Dichos clubes han modificado sus estatutos para rechazar a todos los oradores sionistas –aunque también apoyen los derechos de los palestinos y otras causas progresistas–, incluso si pretenden hablar sobre un tema no relacionado con Israel. Si son sionistas, ¡no son bienvenidos para hablar de nada!
La supuesta justificación de ese veto total contra todos los sionistas –es decir, quienes creen que Israel tiene derecho a existir– es proteger la seguridad y el bienestar de los estudiantes palestinos. Lo cual es una evidente estupidez. Ningún estudiante ha sido amenazado físicamente por sionistas y ningún estudiante tiene derecho a ser protegido de las ideas.
Entre esos clubes se cuentan la Asociación de Estudiantes Musulmanes de Derecho de Berkeley, la Asociación de Estudiantes de Derecho de Oriente Medio y el Norte de África, el Colectivo de Mujeres de Color, la Asociación de Estudiantes de Derecho de Asia y el Pacífico, el Caucus Queer, el Proyecto de Defensa de la Comunidad, las Mujeres de Derecho de Berkeley y los Estudiantes de Derecho de Ascendencia Africana.
En otras palabras, incluso los musulmanes, los gays, las feministas y los partidarios de causas progresistas parecen estar excluidos si también creen que Israel tiene derecho a existir. Al excluir a TODOS los sionistas, la prohibición parece abarcar a los judíos que están a favor de una solución de dos Estados, el retorno a las líneas de 1967 y el derecho de retorno para todos los palestinos.
Esos clubes están incurriendo en una combinación de estalinismo y antisemitismo: son estalinistas por no permitir ninguna opinión disidente de su doctrina políticamente correcta contra Israel; y son antisemitas porque, entre todos los países del mundo implicados en disputas –Rusia, Irán, China, Bielorrusia, por nombrar algunas–, han señalado sólo al Estado-nación del pueblo judío.
¿Se imagina que un club universitario excluyera a todos los oradores que apoyen el movimiento Black Lives Matter? El veto de marras es aún peor porque parece proscribir a todos los oradores sionistas –independientemente de sus opiniones– en organizaciones que nada tienen que ver con Israel. Una feminista judía no podría hablar a las mujeres de la Universidad de Berkeley sobre el aborto si se descubriera que es sionista. Se trata de sectarismo puro y duro.
Las universidades tienen el deber educativo y moral de fomentar el diálogo y el aprendizaje, no la prohibición y la censura. Las universidades públicas tienen la obligación constitucional de prohibir la discriminación religiosa y étnica. Berkeley no hace ninguna de las dos cosas.
La Universidad de California en Berkeley es una institución pública. Si de alguna manera apoya a esas organizaciones –financieramente o permitiéndoles tener oficinas en el campus–, entonces es efectivamente el estado de California el que promulga y aplica tales vetos. Se trata de una acción estatal y se rige por la Primera Enmienda. La cuestión es definir el alcance de la Primera Enmienda. ¿Otorga a los clubes el derecho a excluir a todos los oradores sionistas? ¿O bien prohíbe a los agentes estatales exigir que todos los oradores renieguen del sionismo como condición para ejercer su derecho a hablar en virtud de la Primera Enmienda? ¿Y qué pasa con los derechos de su público potencial a escucharlos? Las respuestas también pueden tener implicaciones en materia de financiación federal de la universidad.
En general, los clubes y las universidades tienen derecho a elegir a sus oradores, pero hay una gran diferencia entre decidir individualmente quién hablará y tomar una decisión colectiva que proscriba a todas las personas de una ideología, religión o raza determinadas. Esto es especialmente cierto cuando la ideología sirve de máscara para el antisemitismo. No todos los judíos son sionistas. No todos apoyan a Israel. Muchos –entre los que me incluyo– no están de acuerdo con algunas de las políticas de Israel, al igual que no estoy de acuerdo con determinadas políticas de todos los países, incluido Estados Unidos. No todos los afroamericanos apoyan Black Lives Matter, pero sí los suficientes como para que una proscripción así constituyera una discriminación racial, al igual que la proscripción de todos los sionistas es antisemitismo.
Esos clubes están proscribiendo de hecho a la mayoría de los judíos. El decano de la Facultad de Derecho de Berkeley lo ha señalado implícitamente al afirmar que el 90% de los judíos de la universidad, empezando por él mismo, quedarían vetados por esa política. Se trata de discriminación pura y dura. El decano añadió que sancionará a cualquier club que realmente discrimine por motivos religiosos o puntos de vista. Me ofrezco voluntario para presentar los argumentos a favor de Israel –o del matrimonio gay– en cualquiera de esos clubes o en todos ellos. Será interesante ver si me excluyen, orgulloso –aunque a veces crítico– judío sionista.
Aunque la prohibición atañe sólo a los oradores, su lógica –velar por la seguridad de los estudiantes palestinos– se extendería a la pertenencia, incluso a la presencia, de esa gente en esos clubes.
El decano también dijo que la política de la facultad prohíbe la discriminación en la afiliación basada en la religión o los puntos de vista de los aspirantes, lo cual parece entrar en conflicto con la justificación prohibicionista de la seguridad.
Lamentablemente, este veto es como un juramento de lealtad parecido al que impusieron los macartistas en la década de 1950, y al que se opusieron entonces tanto los progresistas como los libertarios. Los progresistas y los libertarios de esta hora deberían oponerse firmemente a estos test ideológicos. Pero como los impone la izquierda interseccionalista, muchos guardan silencio, mientras que otros son cómplices.
Felicidades al decano por condenar tamaño fanatismo, aun cuando defienda el derecho constitucional a practicarlo. Me he ofrecido a debatir públicamente o a discutir nuestros diferentes puntos de vista sobre el impacto de la Primera Enmienda en este veto.
Las universidades tienen el deber educativo y moral de fomentar el diálogo y el aprendizaje, no la prohibición y la censura. Las universidades públicas tienen la obligación constitucional de prohibir la discriminación religiosa y étnica. Berkeley no hace ninguna de las dos cosas.
La pregunta sigue siendo: ¿está su incumplimiento protegido o prohibido por la Primera Enmienda?
