El fiscal del caso del 6 de enero, Jack Smith, volvió a pedir a la magistrada Tanya Chutkan que limite los comentarios que Donald Trump puede hacer públicamente sobre el caso. El objetivo es, aseguró en una presentación ante el tribunal el pasado viernes, "proteger la selección de potenciales jurados".
Smith justificó el nuevo pedido argumentando que el expresidente ha emitido más declaraciones perjudiciales para el caso desde que la fiscalía pidió por primera vez la imposición de una orden de protección a inicios de septiembre.
Entre ellos, citó una publicación de Trump contra el exjefe de Estado Mayor Conjunto Mark Milley, que también ha sido citado como testigo en el caso. Smith sostuvo que palabras como aquellas pueden intimidar a los testigos u horadar su credibilidad antes incluso de comenzar el juicio.
Otros ejemplos incluyen dichos sobre el vicepresidente -y también candidato- Mike Pence, fiscales y miembros de la corte. Aunque la mayoría de la evidencia fue recopilada de Truth Social, la fiscalía recogió un par de dichos de Trump durante una entrevista en NBC.
Pedido orden de protección / Request for Gag Order by Santiago Adolfo Ospital on Scribd
¿Una nueva acusación contra Trump?
"No se debe permitir que el acusado obtenga los beneficios de sus incendiarias declaraciones públicas y luego evitar la rendición de cuentas haciendo que otros -cuyos mensajes sabe que recibirán mucha menos atención que los suyos- se retracten", escribió Smith.
Como ejemplo de esta supuesta estrategia, citó una publicación de un portavoz de la campaña, Steven Cheung (@TheStevenCheung), en la que aseguraba que Trump había adquirido un arma a la Palmetto State Armor: "¡El presidente Trump compra un @GLOCKInc en Carolina del Sur!". Cheung luego se desdijo. Aunque borró el comentario, videos del momento siguen disponibles:
WATCH: Trump checks out a Glock in South Carolina, says 'I want to buy one' pic.twitter.com/rUGDuGODqz
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 25, 2023
La 'gravedad' de este episodio no acaba ahí para Smith. Según alegó en el escrito, la compra del arma es una violación de las condiciones de libertad de Trump. Aunque no abundó en detalles, sí advirtió:
Sería un delito federal aparte, y por lo tanto una violación de las condiciones de liberación del acusado, que haya comprado un arma de fuego mientras tiene pendiente la acusación por los delitos perseguidos en este caso.
Como acusado de un delito grave, Trump puede quedarse con las armas que ya tenga pero tiene prohibido obtener nuevas.
Próximos pasos
En una presentación anterior, el equipo legal de Trump sostuvo que los fiscales estaban intentando "silenciarlo inconstitucionalmente". La Primera Enmienda, argumentaron, le garantiza el derecho a clamar su inocencia en público. Más aún en plena campaña.
De momento, no han respondido a esta nueva presentación de la fiscalía. Quien sí movió fichas fue la jueza Chutkan, que el mismo viernes programó una audiencia para discutir la orden de protección para el 16 de octubre.
