El Gobierno italiano aprobó un proyecto de ley para prohibir la comercialización y producción de alimentos sintéticos. La norma, que será tramitada con urgencia, incluye la carne sintética y los alimentos tanto para consumo humano como animal.
"Italia es la primera nación del mundo que prohíbe la producción, la importación y la comercialización de alimentos sintécticos", celebró la primera ministra, Giorgia Meloni, el viernes en Los apuntes de Giorgia, un programa donde explica las últimas medidas de su Gobierno. La mandataria aclaró que al tomar la decisión siguió el principio de "precaución" de la Unión Europea, que le permite regular "sobre estos asuntos si no hay certeza sobre eventuales riesgos para la salud".
Con esta medida defendemos la salud de los ciudadanos, defendemos nuestro patrimonio alimentario de su destrucción -porque la destrucción del patrimonio alimentario es la antecámara de la destrucción de todo el patrimonio-, defendemos el territorio del riesgo de la desertificación, el trabajo y a nuestros pequeños productores del asedio de las multinacionales.
El ministro de de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Bosques, Francesco Lollobrigida, fue el encargado de comunicar la decisión tras el el Consejo de Ministros número 26 el pasado 28 de marzo. Lollobrigida también profundizó en las razones detrás de la prohibición:
En nuestra opinión, los productos de laboratorio no garantizan la calidad ni el bienestar, ni tampoco -lo decimos con orgullo- la protección de nuestra cultura y tradición.
Acompañó al ministro su homólogo en la cartera de Salud, Orazio Schillaci, quien destacó que falta evidencia científica que respalde el consumo de alimentos sintéticos. Defendió, además, la dieta mediterránea -que él llama "italiana"-: "Aporta de manera sana y balanceada todos los nutrientes necesarios".
Se trata de una acción valiente del Gobierno de Meloni, que respondió al pedido de casi dos mil municipios y de la inmensa mayoría de las regiones.
Las sanciones por incumplimiento irán desde los 10.000 hasta los 60.000 euros o hasta el 10% de la facturación total anual del infractor. También se confiscará el producto ilícito.
Además se prevén sanciones administrativas, que intervengan sobre la posibilidad de realizar actividades empresariales, impidiendo el acceso a financiación o facilidades otorgadas por el Estado, otras entidades públicas o la Unión Europea por un período de tres años.
