Tolerancia cero: el Pentágono ordena a 30 universidades revisar sus vínculos con entidades de China, Rusia e Irán
Las instituciones deberán auditar sus colaboraciones académicas, financieras y de investigación con entidades extranjeras consideradas de riesgo antes del 31 de agosto para mantener su elegibilidad para futuros fondos federales de investigación.
El secretario de Guerra Pete Hegseth.
El Pentágono ordenó a 30 universidades e instituciones académicas del país realizar de inmediato una revisión exhaustiva de sus relaciones con organizaciones extranjeras consideradas una posible amenaza para la seguridad de las investigaciones financiadas por Washington.
La medida, anunciada oficialmente por el Departamento el 17 de agosto, exige examinar las colaboraciones académicas, financieras y de investigación con determinadas entidades extranjeras y adoptar medidas contra aquellas asociaciones consideradas problemáticas.
Las instituciones tienen hasta el 31 de agosto de 2026 para comunicar al Departamento los resultados de las auditorías y las medidas adoptadas. El incumplimiento podría poner en riesgo su elegibilidad para recibir futuros fondos federales destinados a investigación.
“El Departamento de Guerra tiene tolerancia cero con las asociaciones académicas que comprometan nuestra seguridad nacional”, afirmó Emil Michael, subsecretario para Investigación e Ingeniería.
Michael añadió que las instituciones que reciben recursos de los contribuyentes estadounidenses deben cumplir con los estándares más elevados de seguridad en investigación y sostuvo que las auditorías buscan garantizar que exista responsabilidad sobre esas colaboraciones.
El objetivo: evitar la transferencia de tecnología y el robo de propiedad intelectual
Según el Pentágono, las notificaciones se refieren a vínculos activos con entidades extranjeras identificadas bajo la Sección 1286 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2019 (NDAA), así como con organizaciones vinculadas a antiguos Institutos Confucio que hayan sido reorganizados o rebautizados.
El Departamento sostiene que la iniciativa pretende proteger las inversiones estadounidenses en investigación financiadas por los contribuyentes frente a la transferencia no autorizada de tecnología, el robo de propiedad intelectual y la explotación por parte de adversarios extranjeros.
Las universidades deberán realizar una auditoría integral de las colaboraciones extranjeras señaladas, determinar si existe exposición de investigaciones sensibles o sujetas a controles de exportación y establecer medidas estrictas para reducir los riesgos, incluida la cancelación de asociaciones problemáticas.
“Las universidades son socios fundamentales en la ejecución de una amplia variedad de programas de investigación del Departamento”, afirmó Joseph Jewell, secretario adjunto para Ciencia y Tecnología, quien defendió la necesidad de garantizar que esas inversiones estén protegidas frente a la explotación extranjera.
Harvard, MIT y otras universidades bajo revisión
El comunicado público del Pentágono no reveló los nombres de las 30 instituciones estadounidenses notificadas. Sin embargo, funcionarios estadounidenses confirmaron a medios como The Associated Press que entre ellas se encuentran Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Johns Hopkins University.
De acuerdo con la información proporcionada posteriormente por funcionarios estadounidenses y reportada por distintos medios, entre las instituciones alcanzadas también figuran:
- Georgetown University
- Cornell University
- University of California, Berkeley
- University of California, San Diego
- Penn State University
- University of California, Los Angeles (UCLA)
- University of Southern California (USC)
- Duke University
- New York University (NYU)
- Yale University
- Stanford University
El Pentágono, sin embargo, no ha publicado oficialmente la lista completa de las 30 universidades en su comunicado sobre las auditorías.
Una lista de 130 instituciones extranjeras
El documento oficial, anunciado el 23 de julio, identifica 130 instituciones académicas y de investigación ubicadas en China, Rusia e Irán.
Según el Pentágono, estas organizaciones han participado en actividades que incrementan el riesgo de que proyectos estadounidenses de investigación y desarrollo financiados por el Gobierno sean desviados o utilizados indebidamente. Washington sostiene que ese riesgo podría permitir la interferencia de gobiernos adversarios y afectar tanto a la seguridad nacional como a la integridad de la investigación científica estadounidense.
La gran mayoría de las entidades incluidas son chinas. Entre ellas aparecen instituciones como la University of Science and Technology of China y la Academy of Military Medical Sciences; el listado también incluye instituciones de Rusia e Irán.
El Departamento explicó que la lista responde a la Sección 1286 de la NDAA del año fiscal 2019 y anunció que continuará actualizándola al menos una vez al año, o cuando nuevas evaluaciones de inteligencia y amenazas lo hagan necesario.
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La orden supone una nueva etapa en el escrutinio estadounidense sobre la cooperación universitaria con instituciones extranjeras, particularmente de China.
El Pentágono sostiene que las auditorías permitirán anticipar nuevas amenazas, responder a las tácticas de adversarios y proteger descubrimientos tecnológicos considerados estratégicos para Estados Unidos. La iniciativa se desarrolla, además, en coordinación con los comités de Servicios Armados y de Asignaciones de fondos de la Cámara de Representantes y del Senado, así como con el Comité Selecto de la Cámara sobre el Partido Comunista Chino.
China, por su parte, rechazó la medida. Un portavoz de su embajada en Estados Unidos dijo a AP que Beijing se opone a la politización de los intercambios científicos y académicos y pidió a Washington abandonar lo que calificó como una “mentalidad de Guerra Fría”.
El Pentágono defiende, en cambio, que la prioridad es impedir que investigaciones financiadas con dinero público estadounidense terminen siendo aprovechadas por gobiernos rivales y ha advertido que las universidades deberán demostrar antes del 31 de agosto que han revisado y mitigado esos riesgos.
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