La gobernadora de Nueva York le quita el caso de violación en Cornell al fiscal local y se lo entrega a la fiscal general Letitia James

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, retiró este jueves al fiscal del condado de Tompkins de la investigación sobre una presunta violación grupal en la Universidad Cornell y puso el caso en manos de la oficina de la fiscal general estatal, Letitia James. La decisión, a través de una orden ejecutiva, llega después de que una demanda civil presentada en septiembre atrajera atención nacional sobre las denuncias y el cierre de la investigación penal sin cargos.

En su anuncio, Hochul cuestionó tanto la investigación de la policía de Cornell como la decisión del fiscal de no presentar cargos por la presunta agresión, ocurrida en octubre de 2024. Asimismo, explicó que había perdido la confianza en la capacidad del fiscal Matthew Van Houten para conducir el proceso. 

"La información recién revelada sigue planteando serias dudas sobre la investigación realizada por el Departamento de Policía de Cornell y sobre la decisión del fiscal del distrito del condado de Tompkins de no procesar el caso de una presunta agresión sexual ocurrida en el campus de la Universidad de Cornell en octubre de 2024", dijo Hochul. "Esto, a su vez, ha socavado mi confianza —y la del público— en la capacidad del fiscal del distrito para investigar y procesar eficazmente el caso en este momento".

"La joven protagonista de este caso merece saber que se examinarán todos los hechos y que se buscará justicia", añadió la gobernadora. "Esta medida garantizará que el asunto se investigue de manera exhaustiva y completa, sin conflictos de intereses ni parcialidad, y que se gestione de forma independiente y con el rigor que esta situación exige".

La intervención estatal se produjo apenas unos días después de que Van Houten anunciara el lunes la reapertura de la investigación. El fiscal dijo que examinaría la información incluida en la demanda, aunque defendió su decisión original de no procesar el caso.

Según su explicación, el primer relato de la denunciante ante la policía no incluía señalamientos de que hubiera sido drogada contra su voluntad, estuviera incapacitada para consentir o hubiera sido obligada a mantener relaciones sexuales.

La mujer, identificada en los documentos judiciales como Jane Doe para proteger su identidad, sostiene en su demanda que recibió drogas y alcohol en una casa de la fraternidad Chi Phi y que varios hombres la sometieron a actos sexuales mientras estaba parcial o totalmente incapacitada. También alega que uno de ellos contactó por redes sociales a otros miembros de la fraternidad para invitarlos a participar con comentarios obscenos como “coñ* gratis” que generaron amplio rechazo a nivel nacional.

La demanda está dirigida contra siete miembros de la fraternidad, Cornell, Chi Phi y otros demandados. Los abogados de dos de los hombres negaron que sus clientes hubieran participado en una agresión sexual.

La repercusión del caso también aumentó la presión sobre las autoridades universitarias. El miércoles, Cornell aceptó contratar abogados externos para revisar de manera independiente cómo había atendido las denuncias.

Un día después, estudiantes y miembros de la comunidad participaron en un foro de más de dos horas y media en el que reclamaron explicaciones, medidas de prevención y cambios en la respuesta a las denuncias de violencia sexual. Varios asistentes relataron dificultades para obtener información y seguimiento sobre sus propios casos.

Cornell sostiene que, tras recibir la denuncia en 2024, abrió una investigación, suspendió indefinidamente a Chi Phi y creó un grupo de trabajo para reforzar la protección de los estudiantes. Su proceso disciplinario terminó con sanciones o expulsiones, aunque la institución no identificó a los afectados ni detalló las medidas, alegando normas de privacidad estudiantil. La universidad también expresó su respaldo a la reapertura de la investigación penal.

Los críticos han arremetido también contra Cornell por el manejo del caso, acusando a la universidad de no castigar duramente a los implicados y de, incluso, encubrimiento. La casa de estudio ha rechazado estas categorizaciones.