Departamentos de policía locales cobran hasta $2 millones por cada arresto migratorio gracias a un programa federal de la Administración Trump

El alguacil Clinton Boring, del condado de Doddridge, en Virginia Occidental, sabía que su jurisdicción de apenas 7.600 habitantes casi no tenía población hispana. A pesar de ese hecho, inscribió a su departamento en febrero dentro de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. No porque esperara encontrarse con muchos inmigrantes, legales o no, sino porque su departamento necesitaba nuevas patrullas y un programa federal tenía lo necesario para resolvérselo.

"Honestamente no creo que vivan hispanos en Doddridge", le dijo al Wall Street Journal, que publicó esta semana una extensa investigación sobre el funcionamiento real de este programa. "Cuando tienes la oportunidad de conseguir posiblemente $100.000 para equipamiento o vehículos, es una decisión obvia". En seis meses, su oficina detuvo apenas a dos personas en situación irregular y recibió más de $137.000 en fondos federales.

El caso del Departamento del Sheriff del Condado de Doddridge ejemplifica perfectamente cómo funciona un programa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que convirtió a cientos de departamentos policiales en prácticamente socios pagos de la campaña de deportaciones de la Casa Blanca. Según detalla el WSJ, después de entregar a un solo inmigrante elegible para deportación, cualquier departamento queda habilitado para cobrar $60.000 anuales por cada oficial al que se le haya delegado autoridad federal para aplicar las leyes migratorias, sin importar si ese oficial vuelve a hacer otro arresto.

Por citar un ejemplo, el Departamento de Policía de Venice, en Florida, gracias a una sola detención migratoria registrada en septiembre de 2025 ya solicitó $895.000 por el programa, y puede seguir cobrando cada trimestre mientras permanezca inscrito. Esto resulta tremendamente rentable para las agencias locales pequeñas a lo largo del país y aún más para las agencias de condados grandes.

Para ilustrarlo, sólo la oficina del alguacil de Miami-Dade inscribió a más de 970 agentes y quedó habilitada para recibir cerca de $14,5 millones entre abril y junio, pese a haber realizado apenas siete arrestos migratorios en ese período, según cálculos del propio WSJ a partir de registros estatales. Eso significa más de $2 millones por cada arresto.

Mucho dinero habilitado

Las grandiosas recompensas por deportación se deben a que el dinero disponible es enorme. El DHS ya distribuyó más de $200 millones entre sus socios policiales entre enero de 2025 y agosto de este año, según un funcionario de la Administración Trump consultado por el WSJ, y el Congreso destinó otros $1.000 millones adicionales para este tipo de programas, a los que se suman $3.000 millones en subvenciones anunciadas este verano por el Departamento de Justicia para gobiernos estatales y locales que cooperen con la aplicación de las leyes migratorias.

Sin embargo, pese a ese flujo de dinero, por supuesto pagado por los contribuyentes, el programa produce resultados modestos en términos de arrestos reales. Según el análisis de la investigación sobre datos del gobierno, este esquema aportó apenas 46.500 de los cerca de 576.000 arrestos migratorios registrados en todo el país entre enero de 2025 y julio de 2026. Es decir, menos de uno de cada diez.

El reportaje también señala un hecho geográfico muy llamativo: las jurisdicciones con pocos inmigrantes reciben el mismo pago por oficial que aquellas con poblaciones inmigrantes mucho más numerosas.

En Virginia Occidental, donde 14 agencias ya se sumaron al programa, apenas el 1% de la fuerza laboral son inmigrantes indocumentados, según estimaciones del Pew Research Center. Esa cifra es irrisoria en comparación a estados como Florida, Texas, Arizona, California y Nueva York. A estas dos últimas, además, sus autoridades demócratas les prohíben a las policías locales participar del programa federal.

El esquema, conocido como "287(g)" por la sección de la ley que lo regula, existe desde 1996, pero había quedado prácticamente suspendido durante la Administración Obama en 2012, después de que investigaciones del Departamento de Justicia determinaran que agentes de los condados de Maricopa, en Arizona, y Alamance, en Carolina del Norte, detenían de forma desproporcionada a conductores latinos, incluidos ciudadanos estadounidenses, sin causa real aparente. Trump reactivó el programa al asumir en enero de 2025, y hoy cerca del 80% de las agencias que colaboran con el DHS participan bajo esta modalidad.

El WSJ también documentó distintos episodios de violencia durante los controles vehiculares que alimentan buena parte de estos arrestos. El diario describió a oficiales usando pistolas Taser, llaves de estrangulamiento y, en ocasiones, rompiendo ventanas de vehículos, en métodos similares a los que ya habían generado polémica entre agentes federales de ICE.

En uno de los casos que, descrito a partir de un video grabado por testigos, oficiales de la Patrulla Caminera de Florida detuvieron a Kenny Laynez —ciudadano estadounidense— mientras viajaba a un trabajo de jardinería junto a su madre y dos compañeros. Los oficiales llamaron como refuerzo a agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y Laynez filmó el momento en que uno de ellos le disparaba una pistola Taser a uno de sus compañeros, mientras otros oficiales lo inmovilizaban contra el suelo.

Segundos después, un oficial no identificado comentó: "Acuérdate que eso también se huele, con un bono de $30.000", dando a entender una recompensa por el operativo. Laynez y los otros dos pasajeros terminaron detenidos por agentes federales de inmigración; Laynez fue liberado poco después.

Hasta el momento, el DHS ni la agencia estatal involucrada respondieron las preguntas del medio sobre ese comentario ni sobre el arresto en cuestión.