El DOJ acusa a 17 iraníes de una masiva campaña de ciberrobo vinculada a la Guardia Revolucionaria

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció cargos contra 17 ciudadanos iraníes por su presunta participación en una extensa operación de ciberespionaje y robo de información desarrollada, en parte, por encargo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y otras entidades iraníes.

Según el comunicado oficial publicado por el DOJ, una acusación sustitutiva de 14 cargos señala a integrantes del Instituto Mabna, una empresa con sede en Irán que habría desarrollado desde al menos 2013 una campaña coordinada de intrusiones informáticas.

La red habría atacado los sistemas de 144 universidades estadounidenses, 178 universidades extranjeras, al menos 42 empresas privadas de EEUU, 11 compañías extranjeras, cinco organismos gubernamentales estadounidenses y varias organizaciones internacionales.

Más de 100.000 profesores en la mira

El alcance de la operación fue especialmente amplio dentro del sector académico. El DOJ sostiene que los hackers atacaron más de 100.000 cuentas de profesores en todo el mundo y consiguieron comprometer aproximadamente 8.000 cuentas de correo electrónico.

Mediante credenciales robadas, los acusados habrían accedido a artículos científicos, tesis, libros electrónicos y trabajos de investigación de múltiples disciplinas. En total, la organización logró extraer al menos 31,5 terabytes de información académica y propiedad intelectual, que posteriormente fueron transferidos a servidores fuera de Estados Unidos.

Las universidades estadounidenses afectadas habían gastado, según la acusación, más de 3.400 millones de dólares en adquirir y acceder a esos datos y recursos académicos. Parte de la información robada también habría sido comercializada en Irán mediante los sitios Megapaper.ir y Gigapaper.ir.

Agencias de EEUU, la ONU y HBO entre las víctimas

La operación no se limitó a las universidades. Los investigadores aseguran que los acusados accedieron a cuentas pertenecientes al Departamento de Trabajo de EEUU, la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), los gobiernos estatales de Hawái e Indiana, Naciones Unidas y UNICEF, además de decenas de empresas.

El DOJ también vincula a varios miembros de la red con el ataque contra HBO, en el que se sustrajo información confidencial y posteriormente se intentó extorsionar a la compañía por aproximadamente 6 millones de dólares en bitcoin. Otros ataques atribuidos al grupo provocaron más de 20 millones de dólares en gastos de investigación y reparación para las víctimas.

El fiscal federal Jamie McDonald describió el caso como una presunta campaña patrocinada por un Estado destinada a robar investigaciones y propiedad intelectual de universidades, empresas e instituciones gubernamentales estadounidenses. Por su parte, el FBI aseguró que los acusados habrían creado una extensa operación de “hackers por encargo” en beneficio del Gobierno iraní.