La Administración Biden-Harris impulsa una norma para quitar la custodia a padres que "no afirman" la identidad de género

La Administración Biden está promoviendo que los burócratas puedan quitarle la custodia a los padres que no reconocen o “afirman” la disforia de género de sus hijos adoptivos, reveló una nueva investigación del Daily Caller.

De acuerdo con el medio, el Gobierno federal impulsó una nueva orden que obliga a los estados a asegurarse de que los niños adoptados que presuntamente “se identifican como personas LGBTQ” sean enviados en hogares donde se practique la afirmación de género. Lo contrario, es decir el no reconocimiento de la presunta identidad de género del niño, sería catalogado como “abuso”.

Alex Roque, que dirige el Centro Ali Forney para jóvenes LGBTQ sin hogar de Nueva York, en otoño pasado habló en un seminario web del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) habló brevemente sobre cómo modificar los sistemas de protección de la infancia en todo el país, haciendo énfasis en los hogares de adoptación que no practican la afirmación de género con sus hijos.

“Si les negaran la comida, el acceso a la escuela u otras cosas, habría titulares”, dijo Roque. “Habría enjuiciamiento”.

Roque afirmó durante su presentación que el rechazo familiar a la identidad de género de un niño no podía descartarse como una opinión y que la no afirmación de esta debe tratarse como un abuso.

La visión de Roque sobre la afirmación de género coincide, en gran medida, con los postulados que defiende la Administración Biden-Harris, según el Caller.

“Entre los activistas de género que la administración Biden-Harris ha reclutado para dar forma a sus políticas, la definición de abuso de Roque no es marginal, y su visión para remodelar el sistema no es hipotética”, se lee en el reporte. “En la elaboración de su norma sobre acogimiento familiar, finalizada en abril, los funcionarios del HHS se inspiraron en los trabajadores sociales del condado de Cuyahoga (Ohio), que durante años fueron pioneros en un programa que obliga a los padres a afirmar cualquier creencia confusa que los niños expresen sobre su género. Los padres que se niegan corren el riesgo de perder voz en la vida de sus hijos”.

Un programa estatal diseñado para impulsar la ideología de género

En Cuyahoga, Ohio, se desarrolló un programa con fondos de subvenciones federales que proporcionó a la Administración para la Infancia y la Familia (ACF) del HHS un modelo ideal para infundir la ideología de género en los servicios sociales y de acogida, informó el Daily Caller citando documentos inéditos y correos electrónicos obtenidos a través de solicitudes de registros públicos.

Según la investigación, la norma federal de la Administración Biden-Harris señala que las colocaciones de los niños con disforia de género deben ser pensadas para crear un entorno que respalde la autopercepción del niño, así esta implique daños directos a su salud.

“Para los activistas de género consultados por el Gobierno de Biden, ser ‘afirmativo’ significa asumir que el niño es quien mejor conoce su identidad, incluso si lo que afirma querer son procedimientos médicos que alteren su vida, como bloqueadores hormonales, hormonas transgénero y cirugías para parecerse más al sexo opuesto”, se lee en la investigación.

Citando una hoja informativa para cuidadores en el sitio web de la División de Servicios Infantiles y Familiares (DCFS) del condado de Cuyahoga, el medio explicó que, para los servicios de protección de menores de la localidad de Ohio, ser un padre afirmativo requiere de sacrificios importantes en términos de percepción cultural, pues a menudo podría implicar proporcionar a los niños acceso a artículos como fijadores pectorales o prótesis que imitan un pene para respetar su “identidad de género”.

Correos electrónicos obtenidos por el Caller revelan que Julie Kruse, asesora principal del DCFS en Iniciativas LGBTQI, celebró a los funcionarios del condado de Cuyahoga como "pioneros" en la implementación de políticas de afirmación de género, consultando a numerosos activistas para respaldar los esfuerzos de la agencia.

No obstante, en septiembre de 2023, cuando la nueva norma fue anunciada, el Gobierno federal se encontró con una fuerte oposición. Un total de 19 estados republicanos criticó la propuesta, argumentando que violaría las libertades religiosas y de expresión.

Además, los estados advirtieron que limitaría la participación de las organizaciones que ofrecen servicios basados en una fe o creencia religiosa en el sistema de acogida.

Las preocupaciones de estos estados se han vuelto una realidad. De acuerdo con el Caller, en estados como Washington y Vermont, varias parejas cristianas han perdido sus licencias de adopción bajo normativas similares.

De hecho, varios padres en otros estados han denunciado que las autoridades locales los han considerado "no aptos" por negarse a acompañar o permitir la transición de género de sus hijos. Según la investigación, este tipo de casos, cada vez más recurrentes luego de la aprobación de programas financiados con fondos federales como el del condado de Cuyahoga, sugieren que no son incidentes aislados, sino parte de un esfuerzo para intervenir en decisiones familiares sobre cuestiones de identidad de género.

Algunos expertos ya alzan la voz

Vernadette Broyles, la presidente de la Campaña por los Derechos de los Niños y los Padres, advirtió que se ha visto un aumento en las familias a las que se les quita la custodia de sus hijos por defender la "realidad biológica".

En particular, Broyles dijo al DCNF que ha habido absolutamente “un repunte de familias a las que se les está quitando la custodia de su hijo, investigando o perturbando” por no acompañar las transiciones de género de sus hijos.

Asimismo, Rachel N. Morrison, directora del Proyecto de Responsabilidad del HHS en el Centro de Ética y Políticas Públicas, señaló que la nueva norma de la Administración Biden-Harris se basa en la premisa de que la “no afirmación” es considerado un maltrato contra el menor. El experto alertó que esta interpretación podría extenderse más allá del sistema de adopción, afectando en el futuro disputas de custodia, adopciones e incluso políticas escolares.