Vermont se ha convertido en el primer estado en promulgar una ley que obliga a las empresas de combustibles fósiles a pagar una parte de los daños causados por catástrofes naturales, después de que el estado sufriera inundaciones estivales y daños por otras condiciones meteorológicas extremas.

Según el proyecto de ley, el estado compilará un informe calculando el costo para los habitantes de Vermont de los eventos climáticos extremos durante los últimos 30 años. Las empresas que, según el estado, hayan emitido más de mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono entre 1995 y 2024 se verán obligadas a pagar una parte de la suma resultante.

La ley enfrentará desafíos legales que se centrarán en la falta de precisión inherente al cálculo de las emisiones de carbono y a la atribución de eventos climáticos extremos directamente al calentamiento global.

El proyecto de ley liderado por los demócratas, aprobado por la legislatura de Vermont a principios de este mes, se convirtió en ley el jueves por la noche sin la firma del gobernador republicano Phil Scott que sostuvo: "Estoy profundamente preocupado por los costos y resultados a corto y largo plazo", en una carta a la asamblea general del estado.

El avance del proyecto se explica en función de que la Asamblea General de Vermont tiene una amplia mayoría demócrata en sus dos cámaras. Legisladores de Maryland, Massachusetts y Nueva York están estudiando medidas similares.

Scott declaró en un comunicado dirigido a los legisladores que "enfrentarse a las grandes petroleras no debe tomarse a la ligera" y que le preocupan los costes y los resultados. Dijo que le preocupa que si el estado fracasa en este desafío legal, "sentará precedente y obstaculizará la capacidad de otros estados para recuperar los daños".

Las compañías petroleras se han mostrado preocupadas por esta nueva ley. Una organización que representa al sector, el American Petroleum Institute, declaró a AP que la ley "impone retroactivamente costes y responsabilidad a actividades anteriores que eran legales, viola los derechos a la igualdad de protección y al debido proceso al responsabilizar a las empresas de las acciones de la sociedad en general; y está predeterminada por la ley federal".