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La Corte Suprema de Nevada considera constitucional la ley estatal contra la armas "fantasma"

En 2021, un fabricante local de piezas denunció la legislación a la que consideró demasiado ambigua y contraria a la Segunda Enmienda.

Un rifle de asalto y una pistola en un campo de entrenamiento de tiro. Imagen de archivo.

(Pexels)

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La ley demócrata para regular y prohibir las armas de fuego "fantasma" en Nevada se mantendrá vigente. Es lo que decidió la Corte Suprema estatal de forma unánime, revocando así el fallo de un tribunal menor.

En 2021, una empresa de fabricación de piezas para armas de fuego artesanales denunció la ley estatal centrándose en la ambigüedad de los términos usados por los legisladores. Polymer80, denunciante, es uno de los mayores productores de piezas para armas fantasma del país.

Se llama armas fantasma a aquellas que no han sido producidas de manera convencional por un fabricante reconocido como tal. En su lugar son, en muchas ocasiones, piezas impresas en 3D y hechas por individuos de manera artesanal en sus propias viviendas y por este motivo las armas fantasma no suelen tener números de registro. De esta forma, no pueden ser rastreadas por la Administración y son casi invisibles desde un punto de vista registral.

Las armas fantasma están en el punto de mira de los legisladores demócratas, como fue el caso con la ley estatal de Nevada de 2021. En aquel año, Polymer80 impugnó la legislación de 2021 que prohibía la posesión, compra, transporte o recepción de cualquier armazón o receptor de un arma de fuego sin terminar, o el montaje de cualquier arma de fuego que no tuviera impreso un número de serie, una ley que cerraría de hecho un componente importante del negocio de Polymer80 en el estado.

En un primer momento, un tribunal del condado de Lyon le dio la razón a Polymer80. El falló concluyó que "lo máximo que cualquier Tribunal puede deducir de la definición (de la ley estatal) es que se trata de algo menos que un arma de fuego y más que un bloque de materia prima".

Sin embargo, la Corte Suprema respaldó en firme a la ley estatal, asegurando que el texto legal era suficientemente claro en lo que refiere a definiciones en el contexto de la producción de armas de fuego.

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