Illinois: cien fiscales se oponen a la eliminación de la fianza en efectivo que permite a los asesinos salir en libertad

De los 102 fiscales que hay en el estado de Illinois, 100 se oponen a las nuevas disposiciones de la eliminación de la fianza en efectivo, que entrarán en vigencia el próximo año. Las medidas afectarán a varios delitos, entre los cuales está el asesinato en segundo grado. El gobernador J.B. Pritzker firmó la ley en enero de 2021, pero disposiciones como la abolición de la fianza en efectivo, o no permitir que los intrusos sean retirados de las propiedades por la policía, entrarán en vigencia el 1 de enero de 2023.

La disposición implica que ya los jueces no podrán fijar fianza a las personas sujetas a proceso y que podrán esperar en libertad el tiempo previo al juicio. Al eliminarse la fianza, las autoridades evaluarán, basándose en la evidencia presentada, si lel detenido representa algún tipo de riesgo a la comunidad, una vez en libertad. La norma prevé que se presente en el tribunal cuando sea citada, a pesar de no existir un depósito de fianza.

El alcalde de Orland Park, Keith Pekau (R), dijo al programa de televisión 'Just the News, Not Noise' el jueves que la fianza sin efectivo no es el único problema con la ley:

El fiscal estatal del condado de Will, Jim Glasgow, está presionando para que se derogue la Ley SAFE-T. Dijo sobre la medida el mes pasado a The Just The News: "Destruirá el estado de Illinois. Tengo 640 personas en la cárcel del condado de Will. Todas sus fianzas se extinguirán el 1 de enero, y 60 están acusados de asesinato".

¿Todos los acusados saldrán en libertad?

La oficina del gobernador J.B. Pritzker argumenta que el proyecto de ley no exige la puesta en libertad inmediata de los acusados de delitos graves y menores específicos. Los tribunales tendrán la opción de poner en libertad a un acusado si determinan que no representa una amenaza para la comunidad o para otra persona.

Quienes defienden la ley SAFE-T argumentan que el sistema de fianza en efectivo afecta desproporcionadamente a las comunidades minoritarias por tener que permanecer en muchos casos en la cárcel si no tienen dinero para la fianza; sin embargo, esta medida también podría suponer un riesgo para la sociedad, según los críticos.