Un ciudadano chino es acusado de cometer fraude electoral y suplantar la identidad de un residente en Massachusetts

El Departamento de Justicia (DOJ) informó que un ciudadano chino fue acusado de registrarse y votar fraudulentamente en las elecciones presidenciales de 2024. Según los cargos presentados en Massachusetts, Yupeng Sun habría utilizado la identidad de otro residente permanente legal para emitir su voto. 

De acuerdo con la acusación, Sun presentó el registro electoral de manera electrónica el 10 de octubre de 2024. Unas semanas después, el 31 de octubre, habría acudido al Ayuntamiento de Malden para emitir un voto anticipado utilizando la identidad del ciudadano residente. 

Además, después de registrar y emitir un voto utilizando presuntamente la identidad de la víctima, Sun habría denunciado a esa misma persona ante las autoridades federales, acusándola de haber votado ilegalmente pese a no ser ciudadana estadounidense.

En abril y mayo de 2026, Sun habría enviado varias denuncias anónimas a Homeland Security Investigations (HSI) y U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), afirmando que la víctima había votado en las elecciones presidenciales de 2024 y que era residente permanente, no ciudadano estadounidense.

Previamente, Sun habría utilizado la identidad de la víctima y de su esposa para presentar ante USCIS formularios fraudulentos destinados a solicitar el abandono de su estatus de residentes permanentes. Cuando la pareja regresó de un viaje internacional en junio de ese año, las autoridades les confiscaron sus Green Cards y los colocaron en procedimientos de remoción. Un juez de inmigración posteriormente restauró sus estatus de residentes permanentes tras considerar creíble su testimonio y recibir un análisis forense que determinó que no habían firmado los formularios.

A raíz del caso, el DOJ comunicó que Sun fue formalmente acusado de un cargo de registro electoral fraudulento y un cargo de voto fraudulento.

"Los cargos de registro fraudulento y voto fraudulento prevén, cada uno, una pena de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares. El acusado está sujeto a deportación una vez cumplida cualquier pena impuesta", señaló el DOJ en un comunicado. 

El fiscal federal adjunto James Nagelberg, de la Unidad de Delitos Graves, está a cargo de la acusación en este caso.