Trump intenta bajarle el tono a las deportaciones antes de las midterms: la mitad de los votantes las sigue viendo como excesivas

A menos de 90 días de las midterms, la Casa Blanca ha decidido reducir el perfil público de su campaña de deportaciones masivas. Las redadas espectaculares en ciudades demócratas como Nueva York o Los Ángeles se han vuelto menos frecuentes y los enfrentamientos con manifestantes y miembros de comunidades migrantes ya no ocupan el centro de la escena mediática que caracterizó los primeros meses de la segunda Administración Trump.

El cambio de estrategia, sin embargo, no ha logrado revertir el desgaste que la política migratoria le ha causado al Partido Republicano entre el electorado. Según una nueva encuesta de POLITICO y la firma londinense Public First, la mitad de los estadounidenses todavía considera que la campaña de deportaciones del presidente es demasiado agresiva, una cifra que incluye a casi uno de cada cuatro votantes que respaldaron a Trump en 2024, un dato que refleja el gran problema que enfrenta el GOP de cara a noviembre.

El número apenas se mueve respecto a los sondeos de enero y abril, pese a la ola de indignación que generaron en meses recientes las muertes de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis.

La encuesta, realizada entre el 8 y el 12 de agosto, también deja al descubierto una fractura dentro de la propia base republicana. Los votantes de Trump que no se identifican con el ala MAGA duplican en proporción a los votantes MAGA a la hora de calificar la campaña de deportaciones como excesiva: 31% frente a 15%. Esa brecha se repite en otros terrenos: solo un 35% de los republicanos no MAGA respalda tanto los objetivos como la forma en que se ha ejecutado la agenda migratoria, contra un 64% entre los votantes más identificados con el trumpismo.

El estratega republicano radicado en Arizona, Barrett Marson, lo resumió así: “Los votantes sí querían seguridad fronteriza, pero no querían que se llevaran a la abuela porque lleva aquí 40 años pero sin documentación”.

Los propios datos del sondeo confirman que buena parte del electorado sí ha notado el giro. Un 56% de los encuestados percibió al menos un pequeño cambio en la manera en que la Administración Trump ejecuta las deportaciones. Aun así, ese ajuste no se ha traducido en mayor respaldo, ya que solo un 44% de quienes notaron el cambio aseguró que no modificó en nada su confianza hacia el Gobierno en temas migratorios, mientras que un 30% dijo confiar todavía menos.

El encuestador republicano Whit Ayres explicó que la contradicción de fondo persiste pese al cambio de forma: "Es mucho más fácil ir a un aeropuerto, encontrar a alguien que se haya quedado más tiempo del permitido por su visa, que haya solicitado una prórroga (…) y esposarlo y meterlo en un centro de detención. Esa es la manera fácil de aumentar las cifras y una excelente forma de enemistarse profundamente con la opinión pública”.

La Casa Blanca, por su parte, defendió su gestión apoyándose en encuestas de la primavera que muestran un 80% de respaldo popular a la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. La vocera Lauren Bis remarcó que el mandato que le dieron los estadounidenses a Trump fue justamente sacar del país a criminales, citando arrestos vinculados a abuso sexual infantil y posesión de drogas como parte de los logros de la gestión.

El desgaste no solo golpea a nivel nacional. Casos puntuales, como el de la vicegobernadora de Minnesota, Peggy Flanagan, demuestran cómo el tema se ha convertido en munición política directa en campañas locales, luego de que utilizara su discurso de victoria en la primaria demócrata al Senado para atacar a su rival republicana por su cercanía con la política migratoria de Trump.

Dentro del propio Partido Republicano persisten las tensiones entre los sectores más duros y los que piden un enfoque más selectivo. El episodio más reciente de esa disputa ocurrió el mes pasado, cuando el actual secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, pausó temporalmente ciertos operativos de detención vehicular tras una serie de tiroteos vinculados a agentes de ICE. La medida generó rechazo inmediato entre las voces más conservadoras del movimiento, que la interpretaron como una señal de debilidad, presión que terminó forzando a la Casa Blanca a revertir la decisión.