ICE advierte que la Ley Laken Riley podría generar liberaciones de inmigrantes detenidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) advirtió al Congreso que la implementación de la Ley Laken Riley requeriría un presupuesto adicional de más de 3.200 millones de dólares para el año fiscal 2025. Estos recursos serían necesarios para ampliar la capacidad de detención a más de 100.000 camas y contratar personal adicional.

En un informe enviado al Congreso en diciembre, y obtenido por Axios, ICE señaló que ya identificó a más de 60.000 inmigrantes indocumentados que cumplirían con los criterios establecidos en la legislación para su detención. Sin embargo, la agencia señaló que, sin recursos adicionales, podría verse obligada a liberar a decenas de miles de inmigrantes, incluidos algunos considerados como amenazas para la seguridad pública.

Capacidad limitada de detención

Actualmente, ICE solo cuenta con fondos para 42.000 plazas de detención, de las cuales 39.000 ya están ocupadas. Además, el 62% de los detenidos actuales está retenido bajo mandatos legales obligatorios.

Disposición de otorgar los recursos necesarios

Uno de los puntos más controversiales de la Ley Laken Riley, presentada por la senadora republicana Katie Britt, es la ausencia de asignaciones presupuestarias para su implementación. Sin embargo, el subdirector de gabinete de Britt, Sean Ross, aseguró que están dispuestos a proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de la ley y para garantizar la seguridad de las familias estadounidenses, ya sea mediante el presupuesto regular o a través de procesos legislativos de reconciliación.

Objetivos de la Ley Laken Riley

La propuesta legislativa tiene como objetivo asegurar que los inmigrantes que cometen delitos menores sean detenidos y procesados adecuadamente, con el fin de prevenir tragedias similares a la de Riley, una joven estudiante de enfermería de 22 años asesinada por un inmigrante ilegal que se encontraba en libertad condicional.

La legislación plantea modificar las leyes federales para exigir que el ICE emita órdenes de retención y asuma la custodia de los inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos relacionados con robos, como hurtos en tiendas, conforme a las leyes locales y estatales.

Además, la propuesta permitiría que los fiscales generales de los estados demanden al Gobierno Federal en casos donde inmigrantes liberados cometan delitos que perjudiquen a los residentes de sus estados.