Biden firma la bipartidista Ley de Equidad de la Seguridad Social

El presidente Joe Biden convirtió en ley una propuesta para ampliar las prestaciones de la Seguridad Social a cerca de 3 millones de jubilados. La medida había sido aprobada por una mayoría bipartidista tanto en la Cámara como en el Senado, con cuatro votos díscolos en el Partido Demócrata y 91 en el republicano.

La Ley de Equidad de la Seguridad Social (Social Security Fairness Act) deroga dos estipulaciones que limitaban las prestaciones a ciertos empleados públicos: la Disposición de Eliminación de Ganancias Extraordinarias (WEP, por sus siglas en inglés) y la Compensación de Pensiones del Gobierno (GPO). La revocación de ambas, detalló Biden, supondrá un aumento medio mensual de 360 dólares para más de 2,5 millones de beneficiarios, además de un ingreso extra retroactivo por el año 2024.

Mientras que la WEP reducía beneficios a trabajadores a quienes no les hubiesen retenido impuestos del salario y se encuentren recibiendo una pensión por jubilación o invalidez; la GPO abarcaba a familiares, reduciendo prestaciones a conyugues, viudas o viudos que ya estuviesen recibiendo pensiones públicas propias, según el texto legislativo.

"Hoy, hemos acabado con una injusticia que llevaba 40 años. Ya no se robará a nuestros trabajadores el dinero de sus prestaciones de la Seguridad Social cada mes", celebró el presidente de la Orden Fraternal de la Policía (FOP), Patrick Yoes. Los oficiales de Policía son, junto a bomberos y docentes, algunos de los beneficiados por la norma. 

Tras agradecer a sus afiliados y a Biden, Yoes no se olvidó de Donald Trump: "También tenemos que dar las gracias hoy al presidente electo Trump. Sin su firme y oportuno respaldo al proyecto de ley, no creo que hubiéramos tenido suficientes votos para aprobarlo en el Senado".

"Esta es una victoria para la equidad y para quienes han dedicado su vida a servir a sus comunidades", escribió, por su parte, la senadora republicana Susan Collins, quien presentó la propuesta en el Senado junto a su entonces todavía homólogo demócrata Sherrod Brown. 

"He luchado por este cambio desde 2003, cuando celebré la primera audiencia en el Senado sobre la derogación de la WEP y la GPO, y estoy orgullosa de que esta ley garantice que el servicio público ya no se haga a expensas de las prestaciones de jubilación obtenidas por una persona o su cónyuge".

Críticas

Los reproches a la ley se centran en el efecto que podría tener en el déficit presupuestario. La Oficina Presupuestaria del Congreso estimó que podría ampliar en 195.000 millones de dólares el déficit de las arcas federales a lo largo de una década.

"Acelerará la quiebra de la Seguridad Social", advirtió el republicano Rand Paul, uno de los 20 senadores del GOP que votó en contra. Adelantaría la bancarrota prevista para 2034, detalló a The Hill, cerca de un año. Protestó, además, que el proyecto buscase ampliar los beneficios pero no las fuentes de financiación del programa: "Si damos más dinero a gente nueva, tenemos que sacarlo de algún sitio. Tenemos que pedirlo prestado o imprimirlo, pero tiene que venir de alguna parte".

John Larson, demócrata de Connecticut, expresó reservas similares. Aunque criticó el sistema actual, tildando de "injustas" a la WEP y la GPO, subrayó que la reforma debe realizarse "de manera responsable para evitar recortes automáticos de beneficios en el futuro". Selló esta opinión con un voto en contra en la Cámara.

Más severo fue Tom Margenau, experto en la Administración de Seguridad Social que sirvió en sus filas por más de 30 años: "El Congreso acaba de aprobar una ley que me dará a mí (y a millones de personas como yo) prestaciones adicionales de la Seguridad Social que sencillamente no merecemos y no nos hemos ganado", opinó en una columna para The Epoch Times a fines de diciembre.

Las disposiciones abolidas, sostuvo, servían para eliminar prestaciones involuntarias y "excesivamente generosas". Su propósito era evaluar la situación real de un ciudadano a lo largo de su vida laboral en empleos públicos y su situación económica actual. Eliminarlas, por tanto, generaría nuevas inequidades.

"Casi todos los que leen esta columna no pueden cobrar su propio cheque de jubilación de la Seguridad Social y, al mismo tiempo, recibir algunas prestaciones extra de la cuenta de su cónyuge", añadió: "Pero ahora tanto yo como otros pensionistas de la Administración haremos precisamente eso".