Este miércoles, el gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, firmó una ley que exige que a partir de 2025 se exhiban los Diez Mandamientos en todos los salones de clases de las escuelas públicas del estado.

La normativa especifica que los mandamientos deben ser mostrados en cada salón de clases de las escuelas primarias, intermedias y secundarias públicas, así como en las aulas de universidades públicas. Estos deben estar en un cartel o documento enmarcado de al menos 11 por 14 pulgadas, con el texto en "una fuente grande y fácilmente legible".

Además, cada cartel debe incluir una "declaración de contexto" explicando que los Diez Mandamientos "fueron una parte prominente de la educación pública estadounidense durante casi tres siglos".

La ley no obliga a las instituciones a costear estas exhibiciones, permitiendo en su lugar que acepten fondos o donaciones para cubrir estos costos. También se permite a las escuelas exhibir el Pacto del Mayflower, la Declaración de Independencia y la Ordenanza del Noroeste según la nueva normativa.

Los defensores de la ley sostienen que los Diez Mandamientos no solo tienen un valor religioso, sino también un valor histórico significativo, argumentando que han influido en la base legal de Estados Unidos. Matt Krause, abogado del First Liberty Institute, señaló: “Los Diez Mandamientos están presentes una y otra vez como base y fundamento del sistema sobre el que se construyó Estados Unidos”.

Durante los debates legislativos, la representante estatal Dodie Horton, patrocinadora republicana de la legislación, explicó la medida como una respuesta necesaria a los desafíos morales en las aulas. "Dada toda la basura a la que nuestros niños están expuestos hoy en las aulas, es imperativo que volvamos a colocar los Diez Mandamientos en una posición prominente", afirmó Horton. La representante destacó que la medida no promueve una religión específica, sino que ofrece un código moral universal que los estudiantes pueden seguir.

Sin embargo, críticos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la Fundación Freedom From Religion prometieron emprender acciones legales contra lo que consideran una medida “descaradamente inconstitucional”. Argumentan que la ley viola la separación de la Iglesia y el Estado, asegurando que la Primera Enmienda protege el derecho de los individuos a decidir sus propias creencias religiosas sin intervención gubernamental.