Un nutrido grupo de organizaciones y figuras progresistas y demócratas del sur de la Florida están demandando a la Legislatura estatal y al secretario de Estado Cord Byrd por reconfigurar cuatro distritos del Congreso nacional y siete distritos de la Cámara de Representantes del Sunshine State.

La demanda, presentada el jueves ante un tribunal federal, alega que todos estos distritos fueron “racialmente manipulados” en favor de los hispanos y, por ende, son inconstitucionales y no pueden ser utilizados en ninguna elección.

La práctica electoral de manipulación racial de distritos, más conocida como 'Gerrymandering', consiste en manipular las fronteras de los distritos electorales para favorecer a un partido político o grupo específico.

Los distritos del Congreso nacional en disputa según las demandas son los 19, 26, 27 y 28; mientras que los distritos para la Cámara de Representantes estatal señalados en la demanda son los 112, 113, 114, 115, 116, 118 y 119. Curiosamente, todos estos distritos están controlados por republicanos.

Los distritos en disputa se extienden por todo el extremo sur de Florida, es decir, desde Miami-Dade en el este hasta el condado de Lee en el oeste, y desde el sur hasta Key West y Hialeah.

El Distrito 26 del Congreso, representado por el legislador republicano Mario Díaz-Balart, es bastante particular porque abarca casi todo el ancho del estado, desde el extremo este de Nápoles hasta partes de Wynwood en la ciudad de Miami.

De acuerdo con la demanda, los republicanos de Florida aprobaron las nuevas fronteras distritales basándose únicamente en la raza y dejando de lado otros criterios relevantes para formar limites, como la forma compacta que deberían tener los mapas electorales.

En el punto cinco de la demanda se lee: “Al desarrollar los Distritos impugnados, el Poder Legislativo elevó la raza por encima de cualquier otra consideración. Los distritos impugnados presentan signos reveladores de predominio racial en las formas en que se desvían de los criterios tradicionales de redistribución de distritos: transgreden límites geográficos importantes como los Everglades, dividen innecesariamente subdivisiones políticas como la ciudad de Miami y el condado de Collier, y tienen formas no compactas”.

Posteriormente, los demandantes mencionan directamente que, según su criterio, los hispanos en Florida no deberían ser considerados una minoría protegida, sino más bien un grupo muy diverso de electores que no están cohesionados y, por ende, no puede ser utilizado por los republicanos como argumento para trazar cambios en los distritos electorales.

“Más bien, es matizado, multifacético y diverso con respecto al comportamiento y las preferencias políticas”, arguyen los demandantes sobre la comunidad electoral hispana en Florida. “Pero al diseñar los distritos impugnados, la Legislatura ignoró esta diversidad y asumió que los votantes hispanos en el sur de Florida eran políticamente homogéneos y monolíticos. Esta suposición era falsa. La Legislatura no tenía derecho a trazar distritos raciales basándose en suposiciones desinformadas sobre igualdad racial”.

Mike Rivero, cofundador de Cubanos Pa’lante, uno de los grupos progresistas de la demanda, dijo a la emisora WLRN que la demanda no representa un esfuerzo partidista a pesar de que solo incluyeron a distritos que son controlados por los republicanos.

“No es partidismo en absoluto. Se trata más bien de las divisiones inconstitucionales en los distritos, en el voto latino en este momento en el sur de Florida”, dijo Rivero.

Si bien las demandas sobre manipulación radical han sido comunes en Florida en los últimos años, esta llama la atención en particular porque figuras demócratas y progresistas, autoproclamadas defensoras de las minorías, catalogan a los hispanos (una minoría nacional) como un grupo que no debería ser considerado parte minoría en el estado floridano.

En esta demanda participan organizaciones como Engage Miami, una organización afiliada a la Universidad de Florida y demócratas como la exrepresentante estatal Cindy Polo.