¿Doble rasero del DOJ? Los datos muestran que los implicados en el 6 de Enero son tratados con más severidad que los alborotadores de BLM

Enrique Tarrio, antiguo líder nacional de los Proud Boys, fue condenado a 22 años de prisión por su participación en los hechos del 6 de Enero. Se trata de la condena más larga contra un implicado en la toma del Capitolio en Washington D.C.

Ethan Nordean, líder de la sección de Auburn, en Washington, recibió una sentencia de 18 años; Joseph Biggs, quien organizaba a los Proud Boys en Ormond Beach, Florida, tendrá que pasar 17 años tras las rejas; y a Zachary Rehl, líder de la sección del grupo en Filadelfia, le cayeron otros 15.

Estas cuatro personas fueron condenadas por el mismo juez: Timothy Kelly, nominado por el expresidente Donald Trump.

A pesar de las duras sentencias, el Departamento de Justicia está impugnando las penas porque las considera inferiores a las recomendadas por los fiscales, según documentos presentados ante el tribunal en los últimos días.

El DOJ de Merrick Garland, por ejemplo, está infeliz con la condena a Tarrio, pues a pesar de que el exlíder Proud Boys no estaba en Washington al momento de los incidentes del Capitolio, consideran que merece una sentencia mayor que se acerque a los 33 años solicitados por los fiscales. El mismo caso aplica para Rehl, Biggs y Nordean, para quienes pidieron penas de 27, 30 y 33 años de cárcel respectivamente.

La apelación es curiosa, porque hace dos años, en 2021, se discutía si existía un trato desigual hacia los implicados en el 6 de Enero con respecto a los alborotadores de Black Lives Matter durante el verano del 2020, cuando diversas ciudades del país se incendiaron por meses tras la muerte de George Floyd al grito de "Defund the Police".

En aquel momento, los medios progresistas aseguraban que no había un trato desigual ante la ley. Por ejemplo, AP explicaba que un análisis realizado “de los documentos judiciales de más de 300 casos federales derivados de las protestas contra la injusticia racial mostró que docenas de personas han sido condenadas por delitos graves y enviadas a prisión”.

De acuerdo con AP: “Más de 120 acusados en todo Estados Unidos se han declarado culpables o han sido condenados en juicio por delitos federales, entre ellos disturbios, incendios provocados y conspiración. Más de 70 acusados que han sido condenados hasta ahora han recibido una media de unos 27 meses entre rejas. Al menos 10 recibieron penas de prisión de cinco años o más”.

Ahora, compare ese número con los implicados con la Toma del Capitolio. Según Axios, hasta el 4 de agosto más de 1.100 personas ya se enfrentaron a cargos penales por el 6 de Enero; de ellas, 110 fueron declaradas culpables en juicio y otras 366 fueron condenadas a penas de prisión en relación con el ataque, según reveló la Fiscalía de EE.UU. para el Distrito de Columbia.

Asimismo, alrededor de 632 personas más fueron declaradas culpables de cargos federales y muchas podrían ser encarceladas en el momento de la sentencia.

Sin dudas, los números quedan pálidos en comparación a los sentenciados durante las protestas del verano del 2020, cuando más de 300 personas en 29 estados y Washington, D.C fueron acusadas por delitos cometidos durante manifestaciones que a menudo se volvieron violentas; incendiando negocios, destruyendo propiedad pública e incluso desafiando a las fuerzas del orden.

¿Doble rasero del DOJ? Algunos jueces sugieren que sí

Esta discrepancia en el trato de la ley no solo se volvió un debate en los medios y el ámbito político, sino también entre los jueces que tuvieron que impartir sentencias con respecto a juicios del 6 de Enero.

Un caso emblemático es el del juez Trevor McFadden, quien desde 2021 ha criticado que los fiscales busquen penas duras contra los alborotadores del 6 de Enero que no generaron violencia directa. McFadden afirma que los fiscales del DOJ expiden un doble rasero, pues no aplicaron la ley de forma equitativa contra los alborotadores de Antifa o BLM.

“Sé que el Gobierno cree que los casos del 6 de enero son sui generis (…) y por tanto no pueden compararse con otros casos. Pero no estoy de acuerdo", dijo el juez de distrito, designado por Trump en 2017.

McFadden no solo comparó la disparidad del Gobierno para acusar y condenar a los implicados en el 6 de Enero con respecto a los alborotadores del verano de 2020, sino que recordó que, en 2018, el DOJ no actuó con la misma dureza contra los activistas de izquierda que protestaron contra la confirmación en el Senado en el 2018 del candidato de Trump al Tribunal Supremo, Brett M. Kavanaugh.

“Sí se siente como si el gobierno hubiera tenido dos estándares aquí, y no puedo acatar eso”, dijo McFadden, quien además señaló que antes del 6 de enero de 2021 jamás había visto que un delincuente menor no violento fuera “condenado a penas de cárcel graves (...) independientemente de su raza, género o afiliación política”.

McFadden pronunció estas críticas luego de sentenciar a la acusada de participar en la toma del Capitolio Jenny Cudd, una florista de 37 años y excandidata republicana a la alcaldía de Midland (Texas), que se declaró culpable de allanamiento de morada, un delito menor.

De acuerdo con The Washington Post, los fiscales pidieron al juez que condenara a Cudd con 75 días de prisión y un año de libertad condicional, pero el juez impuso dos meses de libertad condicional y una multa de 5.000 dólares y recordó el caso de Tighe Barry, activista del grupo progresista Code Pink.

Según McFadden, la misma fiscalía había pedido en 2019 diez días de prisión para Barry, quien se subió en una silla del Senado, levantó un cartel y empezó a gritar consignas contra los senadores desde la última fila en una de las audiencias del Comité Judicial del Senado de Kavanaugh en septiembre de 2018.

Según el WaPo, Barry volvió a protestar tres semanas después violando una orden de alejamiento. Los progresistas de Code Pink constantemente irrumpen en las sedes legislativas y son castigados de forma endeble por el DOJ, denunció McFadden, quien insiste que esto demuestra un doble rasero institucional.

El enfoque de McFadden difiere completamente del DOJ de Garland y otros jueces de distrito como Tanya Chutkan, quienes afirman que las condenas severas contra los implicados en el 6 de Enero van más allá de la revuelta en sí, sino que abordan el propio ataque contra las instituciones y la democracia en Estados Unidos.

No obstante, ese argumento cada vez se pone más en duda, especialmente cuando se desgrana el caso de Montez Terriel Lee, Jr., un hombre de Minneapolis, Minnesota, que irrumpió en una tienda de empeño vertiendo acelerador de incendios a lo largo del recinto durante los disturbios del verano de 2020. Entre los escombros del lugar, se encontró el cuerpo de Oscar Lee Stewart, de 30 años, quien según los forenses murió probablemente tras “inhalación de productos de combustión y lesiones térmicas (incendios en construcción)”.

Es decir, las acciones de Terriel Lee desembocaron en la muerte de Lee Stewart, y el hombre solo recibió una condena de 10 años de prisión que fue, en parte, buscada por el propio DOJ, una decisión que fue criticada por senadores como Josh Hawley (R-MO) o representantes como Chip Roy (R-TX)

La sentencia de Terriel Lee es doce años menor a la de Enrique Tarrio, a pesar de que el primero dijo durante su crimen “que se j*** este sitio, vamos a quemar a esta p****”, y que el segundo no estaba ni siquiera en Washington D.C. el 6 de enero de 2021.