Un juez de la Corte Suprema de Brasil usó informes obtenidos irregularmente para perseguir a seguidores de Bolsonaro
El juez Alexandre de Moraes habría utilizado documentos que no habían sido obtenidos a través de los procedimientos legales adecuados. Estos fueron utilizados en el marco de investigaciones sobre la supuesta participación de seguidores del expresidente en las protestas tras las elecciones de 2022.
Un informe reveló que un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil habría utilizado informes obtenidos de manera irregular para perseguir a seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.
El reporte -publicado por un medio local llamado Folha de Sao Paulo- sugiere que el juez Alexandre de Moraes, conocido por su postura crítica hacia Bolsonaro, hizo uso de documentos que no habían sido obtenidos a través de los procedimientos legales adecuados. Estos fueron utilizados en el marco de investigaciones sobre la supuesta participación de seguidores de Bolsonaro en las protestas que tuvieron lugar tras las elecciones de 2022.
Documentos recopilados sin las autorizaciones judiciales
Los documentos en cuestión habrían sido recopilados sin las autorizaciones judiciales necesarias, lo que pone en duda la legalidad de las investigaciones y las medidas judiciales que se derivaron de ellas. Entre los objetivos de estas investigaciones se encuentran exfuncionarios del Gobierno de Bolsonaro, líderes políticos y figuras mediáticas asociadas con el movimiento conservador en Brasil.
El expresidente Bolsonaro aún no ha hecho declaraciones sobre estas nuevas revelaciones. Sin embargo, sus aliados han calificado el informe como una prueba más de lo que consideran una "caza de brujas" contra el movimiento conservador en Brasil.
Este escándalo amenaza con aumentar la desconfianza en el sistema judicial brasileño y podría tener repercusiones en futuras investigaciones y procesos legales relacionados con figuras políticas. Mientras tanto, se espera que la oposición exija una revisión independiente de los procedimientos judiciales para garantizar que se respeten las garantías constitucionales de todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación política.