No se mueva, no hable, ni siquiera se atreva a pensar... Trudeau le vigila

Canadá se prepara para dar un nuevo paso en su deriva liberticida, siempre en nombre del buenismo, por supuesto. Un proyecto de ley, promovido por el Gobierno de Justin Trudeau, que ya ha pasado la primera lectura en el Parlamento, prevé sancionar incluso con cadena perpetua los discursos de odio y prevé sanciones -que pueden llegar a ser de cárcel- para aquellas personas sobre la que existan "dudas razonables" de que se prepare para cometer un delito de odio. Oficialmente, y como recoge el propio texto, el objetivo es, "promover la seguridad en línea de las personas en Canadá, reducir los daños causados a las personas en Canadá como consecuencia de los contenidos nocivos en línea y garantizar que los operadores de servicios de medios sociales a los que se aplique dicha Ley sean transparentes y rindan cuentas con respecto a sus obligaciones en virtud de esta norma".

Cadena perpetua por "apología del genocidio"

El proyecto de ley C-63, bautizado como Ley de daños en línea, viene a modificar varias normas ya existentes, endureciendo tanto lo que es considerado delito como las penas. De ser aprobada, lo que denominan "apología del genocidio" estará penado con cadena perpetua. El texto modifica la sección 318 (1) del Código Criminal canadiense para señalar: "Toda persona que defienda o promueva el genocidio será culpable de un delito punible con prisión de por vida". El problema está en lo que será considerado "apología del genocidio". Por ejemplo, los responsables podrían indicar que defender la operación terrestre de Israel en Gaza entraría en esta categoría por alentar el "genocidio" de los palestinos.

También se endurecerán los apartados relativos a la "incitación pública al odio", recogidos en la sección 319(1) del Código Criminal. Así, "toda persona que, mediante la comunicación de declaraciones en cualquier lugar público, incite al odio contra cualquier grupo identificable, cuando tal incitación pueda conducir a una alteración del orden público", se enfrentará a penas de hasta cinco años de prisión frente al máximo de dos recogidos hasta la fecha. Lo mismo ocurre con lo recogido en el artículo 319(2), sobre la "promoción deliberada de odio", que sería cometido por quienes "al comunicar declaraciones, que no sean en conversación privada, promueva deliberadamente el odio contra cualquier grupo identificable".

Condenar a una persona antes de cometer un delito

La Ley de daños en línea sitúa la gravedad de estos "delitos de discurso" al nivel del terrorismo o el asesinato. Esto se desprende de la inclusión de un artículo en la subsección 810, que regula la investigación de las sospechas de un ciudadano sobre la posibilidad de que otro esté preparándose para cometer un delito. De aprobarse la nueva norma, "una persona puede, con el consentimiento del Fiscal General, presentar una información ante el juez de un tribunal provincial si la persona teme por motivos razonables que otra persona cometerá" un delito tipificado en los artículos citados arriba.

Si el juez "está convencido, por las pruebas aportadas, de que el informador tiene motivos razonables para temer" que el acusado vaya a cometer el crimen, podrá "ordenar que el demandado se comprometa a mantener la paz y la buena conducta durante un período" entre 12 y 24 meses. En el caso de que se negara a comprometerse, podría incluso ser enviado a prisión durante un año. Además, si el juez lo considerara necesario, el presunto culpable de pretender cometer un delito podría ser obligado a llevar un dispositivo de vigilancia electrónico, llegar a determinadas horas y permanecer en su residencia durante determinados periodos, entre otras medidas.

Creación de nuevos organismos para vigilar a los medios y redes

Además, prevé la creación de una nueva Comisión de Seguridad Digital, de la figura del Defensor de la Seguridad Digital de Canadá, a quien los canadienses harán llegar sus quejas y denuncias, y de una Oficina de Seguridad Digital para dar apoyo a las dos anteriores. Estas instituciones vigilarán a los operadores, medios de comunicación y redes sociales para "garantizar" que "sean transparentes y rindan cuentas con respecto a sus obligaciones en virtud de esta Ley". Sus miembros serán designados por el Gobierno a través del gobernador general canadiense (gobernadora en estos momentos).

La nueva comisión, que estará formada por entre 3 y 5 miembros, tendrá entre sus funciones "contribuir al desarrollo de normas en materia de seguridad en línea mediante actividades de investigación y educación" (que podríamos traducir por adoctrinamiento). Además, sus miembros son los encargados de "investigar las denuncias relativas a contenidos que victimizan sexualmente a un niño o revictimizan a un superviviente y a contenidos íntimos comunicados sin consentimiento". Para llevar a cabo su labor pueden citar a quien consideren, nombrar inspectores que investiguen la denuncia, tanto contra particulares u operadores, e incluso establecer sanciones.

"Crear un espacio en línea más seguro e inclusivo"

El principal impulsor de la medida, el ministro de Justicia, Arif Virani, señaló que la norma debe ser aprobada porque, como padre de dos niños pequeños: "Haré todo lo que esté en mi mano para garantizar que su mundo digital sea tan seguro como el barrio en el que vivimos. Los niños son vulnerables en Internet. Hay que protegerlos de la explotación sexual en línea, del odio y del ciberacoso". Un portavoz del Ejecutivo añadió, según recoge Public, que "el proyecto de ley C-63 pretende reforzar los derechos de los canadienses a expresar sus pensamientos y opiniones creando un espacio en línea más seguro e inclusivo".

Margaret E. Atwood: "Orwelliano proyecto de ley de Trudeau"

Algo que no comparten los críticos. La conocida escritora canadiense Margaret E. Atwood se mostró horrorizada por esta medida en su cuenta de twitter, comparando la iniciativa de Trudeau con las "Lettres de Cachet", una carta utilizada en el Antiguo régimen francés para transmitir una orden específica y secreta del rey, que permitía, por ejemplo, el encarcelamiento sin juicio, el exilio o el internamiento de personas consideradas indeseables. Atwood, además, denuncia que, de aprobarse "el orwelliano proyecto de ley" de Trudeau, "¡las posibilidades de venganza, acusaciones falsas y delitos de pensamiento son taaan atractivas!".

La oposición acusa a Trudeau de pretender "prohibir las opiniones que contradicen a su ideología radical"

El líder de la oposición, Pierre Poilievre, emitió un comunicado sobre el proyecto de ley el 27 de febrero, tras la primera lectura de la norma en el Parlamento. En él, el responsable del Partido Conservador de Canadá subrayaba la necesidad de regular estos crímenes, pero exige que sean dejados a la policía y los jueces, y no en manos de nuevas agencias de burócratas que censuren las opiniones de quienes se opongan a la "agenda radical" de Trudeau.