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Informe: los contribuyentes perdieron unos $3 billones por fraude desde 2003; ahora pierden unos $500.000 millones al año

Gran parte del fraude se canaliza a través de programas federales como Medicaid, los cupones de alimentos, Medicare, el crédito fiscal por ingresos del trabajo y una "subvención por la pandemia para salas de conciertos", explicó Crocker.

VOZ / Christian Camacho.

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El fraude podría costar a los contribuyentes federales hasta 521.000 millones de dólares al año, según un informe de la Fundación para la Responsabilidad Gubernamental que cita una estimación federal.

El informe estima que los pagos indebidos por parte del Gobierno federal han ascendido a unos 3 billones de dólares desde 2003.

Liesel Crocker, autora del informe e investigadora sénior de la FGA, habló con The Center Square en una entrevista exclusiva sobre las conclusiones del informe.

"El fraude contra los programas federales asciende actualmente a unos 521.000 millones de dólares al año, lo que supone el siete por ciento de todo lo que gasta Washington. Solo cinco agencias federales tienen presupuestos superiores a esa cifra", afirmó Crocker. "Y eso es solo el fraude del que tenemos constancia. De los más de 2.200 programas de pagos federales, solo 64 son objeto de revisión anual para detectar pagos indebidos".

Gran parte del fraude se canaliza a través de programas federales como Medicaid, cupones de alimentos, Medicare, el crédito fiscal por ingresos del trabajo y una "subvención por la pandemia para salas de conciertos", explicó Crocker.

"Tienen mucho en común. En todos ellos, con frecuencia no se comprueba minuciosamente la información de los solicitantes, se remite la documentación a las oficinas estatales y del condado, y se desembolsan rápidamente enormes cantidades de dinero", señaló Crocker. "El fraude surge allí donde es más fácil conseguir los cheques".

Aunque la FGA, un centro de estudios no partidista, elogió la "Guerra contra el fraude" del presidente Donald Trump y otras iniciativas antifraude, señaló que es necesario hacer más, tanto por parte de los estados como del Congreso de los Estados Unidos.

"En definitiva: el Congreso y los estados deberían aprovechar los esfuerzos del presidente Trump para acabar con el fraude y la corrupción y ahorrar miles de millones a los contribuyentes", señala el informe.

Hasta la fecha, hay más de 8.000 casos de fraude que están siendo procesados por los fiscales generales de todo el país, lo que el informe calificó de "pequeña fracción" del fraude que se está cometiendo.

Crocker reforzó esta afirmación señalando a Minnesota como un motivo de especial preocupación, mientras que el informe también destacaba a California, Illinois, Colorado, Maine y Nueva York.

Esos estados se encontraban entre los 21 que se negaron a cooperar con las iniciativas federales para investigar si sus programas de cupones de alimentos presentaban casos de fraude. En los 29 estados que sí cooperaron, el Departamento de Agricultura de EE. UU. descubrió 186.000 beneficiarios fallecidos y medio millón de personas que cobraban prestaciones en dos estados a la vez.

"Se estima que el tráfico de cupones de alimentos cuesta hasta 4.700 millones de dólares al año", afirmó Crocker. "Cada dólar que va a parar a alguien que abusa del sistema es un dólar que se le quita a quien realmente lo necesita".

No obstante, tiene la esperanza de que los esfuerzos del Gobierno federal supongan un paso en la dirección correcta.

"No es una situación desesperada. Podemos solucionarlo", afirmó Crocker. "Durante 20 años, Washington nunca dio una respuesta significativa al fraude rampante. El presidente Trump está tratando por fin el robo a los contribuyentes como el delito que es. Si se ha descubierto tanto en los estados que cooperaron, solo podemos imaginar lo que se esconde en los que se niegan a hacerlo".

El informe animaba a los estados que no cooperaban a colaborar con el Gobierno federal para poner fin al "fraude generalizado". También recomendaba:

• Que la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) anime a más organismos a investigar los casos de fraude.

• Que la OMB colabore con el sistema "Do Not Pay" del Departamento del Tesoro.

• Que todos los programas verifiquen mejor los requisitos de elegibilidad, evalúen a los proveedores de alto riesgo e investiguen las denuncias de fraude.

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