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El DOJ revela nuevas tramas de fraude millonario del Programa de Protección de Pagos durante la pandemia

Un nuevo informe del Grupo de Trabajo contra el Fraude del Covid-19 desveló más de 9 millones de dólares fraudulentos otorgados mediante ayudas económicas en la era del coronavirus.

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Voz Media (Pexels).

El Departamento de Justicia (DOJ) difundió un nuevo informe realizado por el Grupo de Trabajo contra el Fraude del covid-19 (que investiga las estafas realizadas en la era de la pandemia) en el que se exponen nuevos esquemas de fraude (por más de 9 millones de dólares) que se llevaron a cabo mediante la ayuda económica del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).

El fiscal general, Merrick Garland, declaró que desde que estableció "el Grupo de Trabajo de Control de Fraudes de COVID-19 hace tres años, se han acusado a más de 3500 personas, incautado o confiscado más de $1.400 millones en fondos de ayuda de COVID-19 robados y presentado más de 400 demandas civiles que resultaron en sentencias judiciales y acuerdos". Además, aseguró:

Nuestro trabajo no ha terminado. Continuaremos nuestros esfuerzos para investigar y procesar el fraude de ayuda pandémica y recuperar los activos que han sido robados a los contribuyentes estadounidenses.

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Más de $9 millones en estafas

El estudio de 2024 reveló que un residente de Florida, llamado Don V. Cisternino, obtuvo $7,2 millones en fondos de emergencia. El hombre solicitó dinero del programa mintiendo en la información de su empresa (alegó que tenía más de 400 empleados y su nómina era de más de $2.8 millones). Sin embargo, el empresario era el único empleado contratado en su compañía.

Con el dinero, Cisternino compró una propiedad en el centro de Florida y dos carros de alta gama (Mercedes Benz y Maserati). El hombre huyó del país y fue arrestado en el sur de Europa con la ayuda de Interpol. Fue declarado culpable y sentenciado a más de ocho años de cárcel.

Otro caso expuesto en el informe, es el de Heather Huffman -una enfermera de Virginia- que estaba empleada en la Administración de Asuntos de Veteranos. La mujer reclutó a familiares y amigos para pedir 3,5 millones de dólares en ayudas y beneficios por el seguro desempleo: "Presentaron más de 220 solicitudes en nombre de más de 120 personas a al menos cinco estados diferentes y obtuvieron más de 2 millones de dólares".

Huffman utilizó una identidad falsa para huir de la ley. Sin embargo, las autoridades la encontraron con su nuevo nombre en Kansas. Está acusada de "defraudar al menos a cinco agencias estatales de fuerza laboral". Fue arrestada y sentenciada a 18 años de prisión por su papel en el plan. Tres de sus cómplices también fueron condenados a entre tres y cinco años de prisión por su participación.

Programa contra fraude

Junto con el informe del DOJ, la Administración Biden anunció una nueva legislación para "tomar medidas enérgicas" contra el "fraude pandémico sistémico en todos los programas gubernamentales":

Hoy, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, Gary Peters, el presidente de la Comisión Judicial del Senado, Dick Durbin, y el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, Ron Wyden, presentan una nueva e importante legislación, la Ley de Prevención y Recuperación del Fraude, inspirada en la amplia propuesta del presidente Biden contra el fraude pandémico que se destaca en el presupuesto del año fiscal 2025, para acabar con el fraude pandémico sistémico en todos los programas gubernamentales y ayudar a las víctimas del robo de identidad a recuperarse.

El presidente Joe Biden indicó que esta "legislación es la última de una serie de proyectos de ley -incluidos varios bipartidistas- que promulgarían la propuesta integral del presidente contra el fraude pandémico". Entre ellas:

- Proporcionar cientos de millones de dólares para la investigación y el enjuiciamiento de los que participaron en el fraude pandémico.

- Invertir en la prevención del fraude para ayudar a evitar la usurpación de identidad y los grandes fraudes relacionados con los programas de prestaciones públicas.

- Ayudar a las víctimas del robo de identidad que se enfrentan a dificultades, deterioro de la puntuación crediticia, responsabilidad fiscal y estrés sin tener culpa alguna.

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