El Departamento de Justicia presentó este jueves una demanda contra SpaceX alegando que la empresa discriminó a solicitantes de asilo y refugiados. La demanda contra Space Exploration Technologies Corporation señala que, desde al menos septiembre de 2018 hasta mayo de 2022, la compañía de Elon Musk disuadió a estos colectivos de solicitar empleo y se negó a contratarlos, lo que supondría una violación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
La demanda sostiene que Musk y la dirección de SpaceX hicieron afirmaciones falsas en referencia a que la compañía no podía contratar a nadie que no fuera ciudadano estadounidense o titular de una tarjeta verde, debido a las "leyes de control de exportaciones", pero el Departamento de Justicia argumentó que esas leyes no aplican tales restricciones.
"Nuestra investigación encontró que SpaceX no consideró o contrató de manera justa a los asilados y refugiados debido a su estatus de ciudadanía e impuso lo que equivalía a una prohibición de su contratación independientemente de su calificación, en violación de la ley federal", dijo en un comunicado la fiscal general adjunta Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia".
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El multimillonario Elon Musk formó SpaceX en 2002 como una empresa privada. La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados del Departamento de Justicia abrió una investigación sobre SpaceX en mayo de 2020.
La demanda recoge que los reclutadores y el personal de alto nivel de SpaceX "tomaron medidas que desalentaron activamente" a los asilados y refugiados en la búsqueda de oportunidades laborales en la empresa. "Nuestra investigación también descubrió que los reclutadores de SpaceX y los funcionarios de alto nivel tomaron medidas que desalentaron activamente a los asilados y refugiados de buscar oportunidades de trabajo en la empresa", dijo la fiscal Clarke.
En cuanto a los asilados y refugiados que solicitaron trabajo en SpaceX, la empresa no los tuvo en cuenta de forma justa y se negó a contratarlos por su condición de ciudadanos.
Los fiscales buscan una consideración justa y el pago de atrasos para los asilados y refugiados a los que según la demanda se disuadió o denegó el empleo. El Gobierno también solicita sanciones civiles contra la compañía.
