La Corte Suprema de Justicia (SCOTUS) escuchó el martes los argumentos orales de Fisher vs. Estados Unidos, un caso sobre el 6 de Enero cuyo desenlace podría salpicar favorablemente a la defensa de Donald Trump en su litigio por interferencia electoral, precisamente por sus acciones durante ese día, en el que el Congreso intentaba certificar los resultados de las elecciones presidenciales, pero fueron interrumpidos por una muchedumbre que ingresó al Capitolio.
En los meses siguientes al 6 de Enero, las autoridades acusaron a más de 1.300 personas por su participación en la irrupción a Capitol Hill, pero 350 de ellos fueron acusados en virtud e un estatuto federal de la Ley Sarbanes-Oxley, que tipifica como delito el hecho de obstruir o impedir un procedimiento oficial ,en este caso, la sesión conjunta del Congreso.
En concreto, la legislación establece una pena máxima de 20 años de prisión para cualquiera que “corruptamente: (1) altere, destruya, mutile u oculte un registro, documento u otro objeto, o intente hacerlo, con la intención de perjudicar la integridad o disponibilidad del objeto para su uso en un procedimiento oficial; o (2) o de lo contrario obstruya, influya o impida cualquier procedimiento oficial, o intente hacerlo”.
Fisher vs. Estados Unidos
Joseph Fisher, entonces un oficial de policía de un pueblo de Pennsylvania, llegó al Capitolio una hora después de la irrupción de los manifestantes al Capitolio y de la evacuación de los legisladores. A su vez, realizó algunos posteos en sus redes sociales a favor de los manifestantes, aunque sus abogados argumentan que fueron en broma o malinterpretadas.
De acuerdo con los fiscales, el hombre atacó a los oficiales que custodiaban el ingreso al Capitolio, logrando ingresar y chocar contra los escudos antidisturbios de las autoridades. A su vez, habría permanecido durante cuatro minutos dentro del edificio.
Al no ser considerado peligroso, se le permitió seguir en libertad hasta su juicio, donde se lo acusará formalmente del mencionado cargo, obstrucción de un procedimiento oficial, por supuestamente utilizar violencia para impedir que el Congreso cumpliera con su deber ese día.
Sin embargo, tanto Fisher como otros alborotadores aseguran que el Departamento de Justicia (DOJ) les aplicó incorrectamente el mencionado cargo.
En efecto, a pesar de una condena inicial, Carl Nichols, un juez del Circuito de Apelaciones, le dio la razón a Fisher, lo que desembocó en que el caso llegara al máximo tribunal del país.
La clave del caso pareciera estar en la segunda sección del mencionado estatuto, el "o de lo contrario obstruya, influya o impida cualquier procedimiento oficial, o intente hacerlo". Según Jeffrey Green, abogado de Fisher, esta última parte es fundamental, puesto que, en caso de que la Corte falle en favor del Gobierno, una persona que interrumpa cualquier acto oficial podría ser llevada a juicio.
En otras palabras, la discusión central sería sobre el alcance de este estatuto. "La gente se va a preocupar por el tipo de protestas que realice, incluso si son pacíficas, porque el gobierno tiene esta arma ", argumentó el letrado.
Los jueces se mostraron más cerca de Fisher que del DOJ
Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Samuel Alito deslizaron cierta cercanía con la posición de Green. Se mostraron preocupados de otorgarle a los fiscales un poder amplio en estos casos, lo que podría potencialmente llevar a que el Gobierno Federal apunte contra manifestantes pacíficos o contra aquellos que interrumpen un procedimiento judicial, aunque sea unos segundos.
Los jueces más conservadores incluso pusieron como ejemplo al congresista Jamaal Bowman (D-NY), quien activó recientemente una alarma de incendio en el Capitolio justo antes de una votación, y, según la acusación del DOJ, podría ser acusado bajo este estatuto. También mencionaron la posibilidad de que el Gobierno alcance a quienes interrumpieron las audiencias de confirmación de algunos de los jueces de la Corte para ejemplificar lo que podría resultar de un fallo a favor del Gobierno.
"¿Qué pasaría si cinco personas en la audiencia de hoy se pusieran de pie, interrumpieran y gritaran que los acusados del 6 de enero eran insurrectos que deberían ir a la cárcel?", preguntó Alito durante los argumentos orales.
“¿Calificaría una sentada que interrumpa un juicio o el acceso a un tribunal federal? ¿Calificaría un interlocutor en la audiencia de hoy o en el discurso del Estado de la Unión? ¿Activar una alarma de incendio antes de una votación calificaría para 20 años de prisión federal?", consultó por su parte Gorsuch.
A su vez, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson, se perfilaron más interesadas en encontrar una forma de limitar las acusaciones del DOJ pero sin que el fallo derrumbe todos los casos similares del 6 de Enero. En otras palabras, Elizabeth Prelogar, defensora del Departamento de Justicia, pero meterse únicamente en el bolsillo a Elena Kagan y Sonia Sotomayor.
Según señaló Prelogar, el Departamento de Justicia decide a quién acusar sobre este delito según la "intención", algo que Green describió como algo muy difícil de poder probar.
¿Cómo el fallo podría favorecer a Trump?
El expresidente y presunto nominado republicano para el 2024 enfrenta múltiples acusaciones en el caso de interferencia electoral por el 6 de Enero, el cual se encuentra en una momentánea pausa hasta que la Corte Suprema resuelva si el acusado tiene o no inmunidad presidencia.
Sin embargo, en caso de que el máximo tribunal del país falle a favor de Fisher, y, dependiendo el alcance del fallo, podría llevar a una desestimación de los cargos contra el republicano, quien enfrenta el mismo cargo que el hombre de Pennsylvania.
Dado que las acusaciones alegan implicancias distintas en los casos de Fisher y Trump, el fallo de la Corte podría anular los cargos contra mucho de los manifestantes del 6 de Enero pero igualmente mantener el caso en contra del expresidente.
Se espera que el fallo se conozca a mediados de junio.
