La Casa Blanca facilitó la investigación penal del Departamento de Justicia (DOJ) contra Donald Trump y desestimó las reclamaciones de privilegio del expresidente. Según señaló Just The News, meses antes de la redada en Mar-a-Lago, de la que Joe Biden afirmó no tener conocimiento previo, la Casa Blanca trabajó con el DOJ y los Archivos Nacionales para instigar la investigación judicial sobre un presunto mal manejo de documentos oficiales por parte de Trump.
La correspondencia entre los abogados de Trump y miembros de la Administración Biden reveló que el Gobierno federal parecía dispuesto a renunciar a las reclamaciones de Trump de privilegio ejecutivo sobre los documentos que el expresidente guardó en Mar-a-Lago hasta principios de año. La correspondencia que reveló Just The News probaría la implicación de la Casa Blanca, a pesar de que el presidente Biden afirmase desconocer este proceso.
El privilegio ejecutivo es una convención legal que, aunque no se recoge en la Constitución, permite a los presidentes proteger la confidencialidad de su labor durante su mandato. El presidente Biden, no obstante, permitió que los funcionarios lo desestimaran. En declaraciones a Just The News, el jurista de Harvard Alan Dershowitz señaló que el afán de la Casa Blanca de Biden por desestimar las demandas de privilegio de Trump podría tener consecuencias para las generaciones de presidentes venideras.
El presidente actual no debería poder denegar el privilegio ejecutivo de un predecesor sin el consentimiento del anterior presidente. De lo contrario, [el privilegio] no significa nada. Qué presidente va a discutir algo en privado si sabe que el hombre que le ganó puede y va a revelarlo.
Aunque algunos tribunales han defendido que un presidente deniegue el privilegio de un predecesor, Dershowitz dijo que la cuestión debe ser decidida definitivamente por el Tribunal Supremo.
Trump pidió una revisión independiente de los documentos incautados
Por otra parte, el expresidente y su equipo legal presentaron una moción el lunes en la que solicitan una revisión independiente de los registros incautados por el FBI durante la redada "sin precedentes" en Mar-a-Lago.
Los abogados de Trump pidieron que se nombre a un tercero como perito para determinar si los archivos incautados están protegidos por el privilegio ejecutivo, que permite a los presidentes retener ciertas comunicaciones. Solicitaron además que el Gobierno devuelva cualquier ítem incautado que no estuviera dentro del alcance de la orden de registro.
El equipo legal del expresidente consideró que el registro de su residencia privada a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato "implicó cálculos políticos destinados a disminuir la voz principal del Partido Republicano".
(Aquí puede consultar la moción presentada por los abogados de Donald Trump)
gov.uscourts.flsd.618763.1.0 by VozMedia on Scribd
Donald Trump señaló al presentar la moción que estaba haciendo valer "firmemente" sus derechos bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución "con respecto a la innecesaria, injustificada y antiamericana irrupción de docenas de agentes del FBI, y otros, en mi residencia de Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida".
