Desde 2015, California ha emitido más un millón de licencias de conducir a inmigrantes ilegales. Los datos publicados por CalMatters y basados en las cifras del Departamento de Vehículos de Motor del estado (DMV) muestran que casi 4 de cada 10 indocumentados en el estado santuario han obtenido un carnet para manejar legalmente un vehículo.
Hace siete años, debido a la aplicación de la Ley de Conductores Seguros y Responsables (AB 60), se eliminó el requisito de residencia legal en el estado para poder obtener el carnet de conducir, desde ese momento el DMV ha expedido casi 1,2 millones de permisos originales AB60 a ilegales, y ha emitido más de 822.000 renovaciones.
Caída en los datos
En los últimos años, se reforzó la tendencia en caída del número de inmigrantes que solicitan los permisos. Los datos anuales muestran que cuando la ley entró en vigor por primera vez, casi 400.000 inmigrantes se inscribieron para obtener las licencias. Al año siguiente, otros 337.000. Y desde 2017 hasta 2022, cerca de 500.000 ilegales solicitaron el carnet de conducir en California. Se estima que 3,3 millones de ilegales residen en el estado Dorado.
Algunos expertos dijeron a Cal Matters que la caída puede deberse a que "la mayoría de las personas que querían una licencia ya la solicitaron". No obstante, otros señalan que la norma tiene inconvenientes y riesgos, ya que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de inmigración pueden acceder a los datos de una forma sencilla e identificar a los ilegales.
Dave Maass, director de investigaciones de Electronic Frontier Foundation, dijo que siempre existirá el riesgo de que alguien haga un mal uso de los datos de personas indocumentadas:
No diría que la gente debería sentirse 100% segura (...) Sólo diría que el riesgo se ha reducido bastante, pero eso no significa que haya desaparecido por completo.
Además de California, otros 18 estados siguieron su ejemplo de hacer esfuerzos y legislar a favor de la inmigración ilegal. El año pasado, los votantes de Massachusetts aprobaron una ley que otorga licencias de conducir a los 85.000 ilegales que viven en el estado.
La AB 60 y su importancia
Las licencias de conducir para los ilegales son vitales para evitar una posible deportación. Cuando la policía local detiene a algún inmigrante conduciendo sin una licencia, es el primer cargo criminal que puede ponerlos bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para arrestarlos y expulsarlos del país.
Debido a esto, en 2013, los legisladores de California aprobaron por primera vez la AB 60 como parte de un "amplio esfuerzo para adoptar políticas más inclusivas hacia los inmigrantes, para despenalizar su vida diaria y maximizar sus contribuciones a la economía". Sin embargo, no fue en 2015 cuando la ley entró oficialmente en vigor.
Esta norma dio a muchos ilegales una forma de identificación oficial y legal de su persona, llegando a ser una clase hasta el día de hoy de ID. Luis Alejo un excongresista de la Asamblea del estado -que ayudo a redactar el proyecto- defendió la orden:
Con la AB 60, lo que hicimos fue reconocer las necesidades de muchos inmigrantes trabajadores que viven aquí y contribuyen tanto a nuestro gran estado.
Una nueva ley pro ilegales
Una nueva legislación firmada en septiembre de 2022 pondrá a disposición de los inmigrantes ilegales otras formas de identificarse legalmente. Estos ID son destinados a indocumentados que no conducen o que no pueden presentar el examen para manejar. Los partidarios de esta medida dicen que las personas más beneficiadas serán los ancianos y los discapacitados.
Shiu-Ming Cheer, subdirectora de programas y campañas del Centro de Políticas de Inmigrantes de California, señaló:
Las identificaciones son necesarias para muchos aspectos de la vida cotidiana, desde acceder a beneficios de salud críticos hasta alquilar un apartamento.
En cambio, los críticos a legislaciones a favor de los indocumentados defienden que los resultados de estas leyes atraen la inmigración hacia California por hacer que los ilegales se sientan "demasiado cómodos". Y que esto, a su vez, ejerce más presión sobre el presupuesto del estado que debería destinarse a la educación y otros servicios.
